- La convocatoria llega ocho años tarde
- El aumento de la subvención del ministerio que pasa de 8 a 32 millones es, sin duda, una razón de peso ante la posible pérdida de poder de la izquierda
CCOO y UGT han decidido convocar una huelga general por la vivienda. Será de 24 horas y tendrá lugar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La fecha todavía está por decidir.
La vivienda es un problema serio. El precio de los alquileres y de la compra se ha disparado, los jóvenes tienen cada vez más dificultades para emanciparse y muchas familias destinan una parte excesiva de sus ingresos a pagar un techo. Nadie necesita que un sindicato le explique que existe un problema.
Lo que resulta difícil de entender es por qué CCOO y UGT han necesitado llegar hasta octubre de 2026 para descubrir que la vivienda también es un problema de los trabajadores.
Pedro Sánchez lleva en La Moncloa desde 2018. Durante estos años, las dos principales centrales sindicales han mantenido una relación de colaboración con el Gobierno en buena parte de sus principales reformas laborales. Han participado en negociaciones, acuerdos y órganos institucionales. También han respaldado buena parte de la agenda del Ministerio de Trabajo.
Y ahora, cuando faltan menos de dos meses para unas elecciones generales, anuncian la primera huelga general conjunta contra el Gobierno de Sánchez por una cuestión que lleva años empeorando.
La pregunta es sencilla: ¿por qué ahora?
No es una cuestión de negar legitimidad a la protesta. Una huelga es un instrumento legítimo de los trabajadores y la vivienda afecta directamente a sus condiciones de vida. El propio planteamiento de CCOO y UGT vincula el precio de la vivienda con los salarios y reclama medidas tanto para aumentar la oferta de vivienda asequible como para mejorar las condiciones laborales.
Pero cuesta no preguntarse dónde estaban estos sindicatos durante los años anteriores.
En enero de este mismo año, CCOO y UGT reconocían que España estaba ante una «emergencia habitacional» y reclamaban al Gobierno un aumento de la inversión pública y un parque de vivienda asequible. Es decir, el problema ya estaba perfectamente identificado.
Entonces no hubo una huelga general. Ahora sí.
Y hay otro elemento que merece una explicación. Mientras las centrales anuncian movilizaciones, las subvenciones destinadas a financiar la actividad sindical han aumentado con fuerza. La partida pasó de menos de 9 millones de euros en 2020 a 32 millones en 2025, un incremento del 260%. La misma cantidad está prevista para 2026.
Que una organización sindical reciba subvenciones públicas no significa que pierda su derecho a protestar. Pero sí obliga a exigirle una mayor coherencia y, sobre todo, independencia política. Si durante años se mantiene una relación institucional estrecha con un Gobierno y, cuando se acercan unas elecciones, se convoca una huelga general contra ese mismo Gobierno, es razonable que los ciudadanos se pregunten por los motivos y por el momento elegido.
Más aún cuando la huelga llega después de que el Congreso rechazara los decretos del Gobierno relacionados con la vivienda y después de las movilizaciones impulsadas por el movimiento de inquilinos. Las propias centrales reconocen que la presión de esas movilizaciones ha sido determinante en el nuevo escenario.
El problema es que una huelga general no construye viviendas.
Tampoco baja por sí sola los alquileres.
No aumenta la oferta ni consigue que se construyan más viviendas públicas.
Para eso hacen falta suelo, inversión, licencias, seguridad jurídica, planificación y una política de vivienda sostenida durante años. Y ahí es donde debería estar buena parte de la discusión.
CCOO y UGT tienen derecho a exigir salarios más altos para que los trabajadores puedan pagar una vivienda. Pero también deberían explicar qué medidas concretas han reclamado durante estos ocho años, qué resultados han conseguido y por qué consideran que una huelga general ahora va a solucionar aquello que no se ha resuelto durante todo este tiempo.
Porque si el problema es tan grave como ellos mismos dicen, la pregunta es inevitable: ¿por qué han esperado hasta ahora?
La huelga tendrá también una lectura inevitablemente política. No hace falta atribuir intenciones ocultas a nadie para verlo. Se convoca en otoño, antes de unas elecciones generales y después de años sin una huelga general de CCOO y UGT contra el Gobierno de Sánchez. La última huelga general respaldada por ambas centrales fue en 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los sindicatos pueden defender que su protesta no va contra un partido concreto y que interpelan también a comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas. De hecho, así lo han señalado expresamente.
Pero una cosa es lo que dicen las organizaciones convocantes y otra el contexto político en el que se produce la convocatoria.
Y ese contexto importa.
CCOO y UGT han recuperado de repente una herramienta que llevaban años sin utilizar para una de las principales preocupaciones de los españoles. El problema de la vivienda no apareció ayer. No nació con la votación del Congreso de la semana pasada. Tampoco apareció con las últimas manifestaciones.
Lleva años ahí.
Por eso la crítica no debería dirigirse contra el derecho a protestar, sino contra la tardanza y la falta de explicaciones.
Si durante ocho años la vivienda ha sido un problema creciente para los trabajadores, los sindicatos deberían explicar por qué no hubo una respuesta sindical de esta dimensión antes. Y deberían hacerlo también porque las organizaciones que representan a millones de trabajadores reciben decenas de millones de euros de dinero público cada año.
La defensa de los trabajadores exige algo más que convocar una huelga cuando el calendario político se vuelve especialmente sensible.
Exige estar ahí cuando no hay elecciones.
Cuando no hay cámaras.
Cuando no interesa políticamente.
Y, sobre todo, cuando el problema empieza y no cuando ya se ha convertido en un incendio.
La vivienda merece una respuesta seria. Los trabajadores también.
Y CCOO y UGT tienen todo el derecho a salir a la calle. Pero también tienen la obligación de explicar por qué han decidido hacerlo precisamente ahora.
