El juzgado que investiga las presuntas responsabilidades por las muertes y lesiones derivadas de la emergencia ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la comarca de l’Horta Sud continúa ampliando la instrucción judicial con nuevas diligencias centradas en las comunicaciones mantenidas durante aquellas horas críticas. La causa, abierta por posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, ha dado un nuevo paso con varias resoluciones dictadas este 26 de mayo por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.
Según las actuaciones judiciales, la magistrada encargada del caso ha acordado solicitar información telefónica relacionada con llamadas de emergencia recibidas en el terminal corporativo del Ayuntamiento de Torrent durante el día de los hechos. La petición se produce después de que la alcaldesa de la localidad prestara declaración como testigo y manifestara su conformidad para que se revisen esos registros de comunicaciones.
La resolución judicial ordena que tanto la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como la compañía telefónica correspondiente remitan el listado de llamadas vinculadas con la situación de emergencia. Posteriormente, dicha documentación será cotejada por la letrada de la Administración de Justicia con el objetivo de verificar horarios, posibles avisos y el contenido relacionado con la gestión institucional de aquella jornada.
La investigación trata de reconstruir de forma minuciosa cómo se desarrollaron las horas posteriores al episodio que desencadenó la causa penal. Desde el inicio de las diligencias, el juzgado ha ido recopilando testimonios, documentación administrativa, grabaciones y comunicaciones telefónicas para determinar si existieron fallos de coordinación, retrasos en la respuesta o posibles negligencias en la actuación de responsables públicos y operativos implicados en la gestión de la emergencia.
En otra de las decisiones adoptadas este martes, el juzgado también ha acordado citar como testigos a dos periodistas de la televisión pública valenciana À Punt que se desplazaron a Catarroja durante aquella tarde. La medida llega después de la declaración de otro testigo que habría hecho referencia a la presencia de los profesionales de la comunicación en el lugar de los hechos.
La magistrada considera relevante incorporar a la investigación tanto el testimonio de los periodistas como el material audiovisual grabado durante esa cobertura informativa. Según consta en la providencia, los reporteros realizaron una pieza informativa elaborada a partir de imágenes registradas el mismo día de la emergencia y emitidas posteriormente por la cadena autonómica. El juzgado pretende ahora acceder a los llamados “brutos”, es decir, las grabaciones originales sin editar, al entender que podrían aportar información relevante sobre el estado de la zona, la cronología de los acontecimientos y la actuación de los distintos servicios presentes en el lugar.
Fuentes jurídicas señalan que este tipo de material audiovisual suele tener un importante valor probatorio en investigaciones de emergencias o catástrofes, ya que permite comprobar horarios, movimientos de efectivos y condiciones reales existentes en cada momento. En este caso, las imágenes podrían ayudar a esclarecer qué información manejaban las autoridades y cuál era la situación concreta en los municipios afectados mientras se desarrollaban las labores de respuesta.
La providencia dictada por el tribunal también ordena volver a citar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia. La decisión se adopta tras la declaración prestada por la alcaldesa de Torrent, que habría aportado nuevos elementos considerados de interés por el órgano instructor. No es la primera vez que responsables institucionales comparecen en esta causa, que desde hace meses mantiene bajo análisis la actuación de distintas administraciones y organismos públicos.
Paralelamente, el juzgado ha notificado nuevas actuaciones procesales relacionadas con el procedimiento. Entre ellas figura la incorporación de documentación presentada recientemente por una de las partes personadas, así como la admisión de un escrito de adhesión a un recurso de apelación contra una resolución anterior del pasado 12 de mayo.
Además, las partes han recibido la transcripción literal de la declaración de un testigo que compareció a mediados de mayo ante el tribunal. Esa declaración forma parte del conjunto de testimonios recopilados por la instructora para reconstruir con precisión lo sucedido y determinar si existen indicios suficientes para depurar responsabilidades penales.
Otra de las diligencias notificadas hace referencia a un acta de cotejo anonimizada practicada el 25 de mayo junto con diversa documentación aportada al procedimiento. El juzgado ha acordado conservar el original de dicha documentación en un sobre cerrado bajo custodia judicial, una medida habitual cuando se manejan datos sensibles o elementos que requieren especial protección dentro de la investigación.
La causa continúa en fase de instrucción y todavía no se ha decidido si los hechos terminarán derivando en la apertura de juicio oral. Mientras tanto, la investigación judicial sigue ampliándose con nuevas pruebas documentales, testificales y técnicas que buscan aclarar qué ocurrió durante aquella jornada y si existieron actuaciones imprudentes con relevancia penal.
Las resoluciones notificadas este martes pueden ser recurridas mediante recurso de reposición ante la letrada de la Administración de Justicia, aunque dicho recurso no suspendería las diligencias acordadas por el tribunal. Entretanto, el foco de la investigación parece dirigirse cada vez más hacia las comunicaciones mantenidas durante la emergencia y la posible relevancia de los avisos recibidos por distintas autoridades y organismos públicos en las horas clave de la crisis.