La Fiscalía de Delitos de Odio y Memoria Democrática de València estudia abrir diligencias de investigación sobre las denominadas patrullas de los ‘Ángeles de la Noche’, un grupo que ha comenzado a realizar recorridos por la zona de la Malva-rosa con el argumento de reforzar la seguridad y disuadir posibles situaciones conflictivas.
Esta Fiscalía está encabezada por Susana Gisbert, quien en su día fue propuesta por Podemos para ser magistrada del Tribunal Constitucional. Gisbert ha impulsado en los últimos años diversas actuaciones por presuntos delitos de odio que posteriormente no han prosperado. Entre ellas se encuentra el caso relacionado con lo sucedido el 9 de octubre, cuando acusó a quien suscribe de un supuesto delito de odio por afirmar en un directo en redes sociales que no quería a la CUP, una acusación por la que posteriormente fui declarado inocente.
La fiscal también ha estado vinculada a otros procedimientos que terminaron archivados, como el caso del inspector Ricardo Ferris, quien durante una conferencia afirmó que, en su demarcación, todos los detenidos en los últimos años eran extranjeros. Aquellas declaraciones provocaron que el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenara su cese. Sin embargo, la denuncia presentada contra Ferris terminó siendo archivada posteriormente.
La decisión de la Fiscalía llega después de que estas patrullas hayan adquirido notoriedad pública a raíz de la difusión de imágenes y mensajes en redes sociales sobre sus actuaciones. Según ha trascendido, el Ministerio Público está analizando si algunos de los comportamientos observados podrían ser constitutivos de un posible delito de odio.
Una patrulla presentada como iniciativa vecinal
El primer recorrido conocido tuvo lugar durante la madrugada del pasado fin de semana en la playa de la Malvarrosa. La propia iniciativa fue difundida en redes sociales por España 2000, formación de extrema derecha, que justificó la presencia de estos grupos por la preocupación existente ante la inseguridad en la zona y señaló específicamente a grupos de jóvenes de origen magrebí.
Los integrantes de las patrullas utilizan ropa oscura y chalecos con elementos reflectantes, una indumentaria que, según las denuncias públicas conocidas, puede transmitir una apariencia de grupo organizado de vigilancia. La Policía Nacional ya ha identificado a tres personas relacionadas con estas patrullas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
La cuestión que ahora debe determinarse es dónde termina la legítima preocupación ciudadana por la seguridad y dónde comienza una actuación organizada que pueda vulnerar derechos fundamentales o incurrir en conductas penalmente relevantes.
La posible existencia de un componente discriminatorio
Uno de los elementos que ha despertado la atención de la Fiscalía es que los mensajes difundidos para justificar las patrullas sitúan expresamente a personas de origen magrebí en el centro de la preocupación por la seguridad.
La Fiscalía analiza precisamente si las imágenes y vídeos disponibles permiten acreditar conductas de intimidación dirigidas contra personas migrantes y si, además de un eventual delito de odio, pudieran existir indicios de otros delitos, como coacciones.
No obstante, que la Fiscalía estudie la apertura de diligencias no significa que exista ya una acusación ni que se haya determinado que los integrantes del grupo hayan cometido un delito. Se trata de una fase preliminar destinada precisamente a determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal.
La Policía también mantiene el foco sobre el grupo
La actuación de los ‘Ángeles de la Noche’ también ha provocado la atención de la Policía Nacional. Además de la identificación de tres de sus integrantes, distintas informaciones apuntan a que los cuerpos policiales están siguiendo la evolución de estas patrullas y de los grupos con los que estarían relacionadas.
El asunto ha llegado incluso al Congreso. El diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para conocer qué medidas se han adoptado y si se ha investigado la actividad de estos grupos.
Ibáñez ha cuestionado que puedan actuar en la vía pública como una especie de estructura paralela de vigilancia y ha denunciado que sus actuaciones pueden generar intimidación hacia personas inmigrantes.
Seguridad ciudadana frente a justicia paralela
El debate de fondo va más allá de la actuación concreta de un grupo de personas. La aparición de patrullas ciudadanas organizadas plantea una cuestión especialmente delicada: quién está legitimado para ejercer funciones de vigilancia y seguridad en los espacios públicos.
En un Estado democrático, las funciones de prevención, identificación, investigación y mantenimiento del orden corresponden a las instituciones y a los cuerpos policiales dentro del marco establecido por la ley. La creación de grupos que pretendan ejercer de manera informal esas funciones puede generar conflictos si terminan produciéndose identificaciones, amenazas, coacciones o actuaciones dirigidas contra determinados colectivos.
Desde esta perspectiva, la intervención de la Fiscalía resulta relevante porque permitirá determinar si las actuaciones difundidas públicamente se mantienen dentro del ejercicio legítimo de derechos ciudadanos o si existen indicios de conductas que puedan tener relevancia penal.
Un asunto que queda ahora en manos de la Fiscalía
Por el momento, el dato fundamental es que la Fiscalía de Delitos de Odio y Memoria Democrática de Valencia, dirigida por la fiscal Susana Gisbert, estudia la apertura de diligencias por un posible delito de odio.
La decisión definitiva dependerá del análisis de las imágenes, mensajes y demás elementos que puedan incorporarse a las actuaciones. También será necesario determinar quiénes participaron, cuál era exactamente su finalidad y si existieron comportamientos concretos de intimidación o discriminación.
La investigación, si finalmente se abre, deberá distinguir entre las opiniones políticas —que cuentan con la protección propia de la libertad de expresión— y aquellas conductas que puedan traspasar los límites establecidos por la legislación penal.
El caso de los ‘Ángeles de la Noche’ abre así un nuevo debate en València sobre seguridad, inmigración, discurso de odio y utilización del espacio público. Una cuestión que, más allá de la polémica política, tendrá que resolverse con pruebas y dentro de las garantías del Estado de Derecho.
Lo que sí se percibe es que el entorno de la izquierda valenciana parece especialmente preocupado por evitar que se extienda una sensación que ya existe entre buena parte de la población, especialmente entre quienes han padecido directamente determinadas situaciones. La cuestión es si ese empeño responde al intento de impedir que se resquebrajen determinados relatos políticos o, sencillamente, a la voluntad de evitar que quede en evidencia el estado fallido en el que, a juicio de muchos ciudadanos, nos han instalado.
