Las recientes declaraciones de Mónica Oltra sobre la acogida de menores llegados solos desde Ceuta en la Comunitat Valenciana han vuelto a situar a la exvicepresidenta de la Generalitat en el centro de la polémica política y en el foco de las redes sociales. Este pronunciamiento ha desatado una oleada de críticas que rememoran uno de los episodios más complejos de su carrera política.
El debate sobre el reparto de menores procedentes de Ceuta se ha intensificado en los últimos días, con una transferencia de 25 millones de euros aprobada por las comunidades para atender la emergencia. Mientras tanto, la Comunitat Valenciana ha advertido que sus centros de protección están saturados, lo que añade complejidad a la situación.
La sombra del caso de la menor tutelada
Las palabras de Oltra han provocado numerosas respuestas críticas que recuperan el caso de una menor tutelada por la Generalitat que sufrió abusos sexuales por parte del que entonces era su marido. Este episodio marcó su salida de la política y ahora resurge en forma de una pregunta recurrente en redes: “¿Dónde estaba esa protección cuando la víctima estaba bajo tutela de la Generalitat?”.
Los hechos se remontan a 2016 y 2017, cuando el exmarido de Oltra, educador en un centro concertado, fue condenado a cinco años de prisión por abusar de la menor. La controversia actual que afecta a Oltra y a varios de sus antiguos colaboradores se centra en determinar si desde la Conselleria que dirigía se produjo un supuesto encubrimiento o una actuación irregular tras conocerse la situación. En marzo de 2026, se acordó la apertura de juicio oral contra Oltra y otros doce antiguos colaboradores de su departamento, una decisión que se adoptó pese al archivo inicial del juez instructor y la falta de acusación de la Fiscalía.
El reproche en redes y la situación en Ceuta
Precisamente, esta situación judicial es la que sus críticos utilizan para cuestionar el discurso de Oltra sobre la protección de los menores. Los mensajes en redes comparan su actual defensa de la acogida de menores de Ceuta con su gestión al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, argumentando que la obligación de proteger a menores vulnerables debía aplicarse también a la menor tutelada.
La polémica coincide con una situación delicada en Ceuta, donde miles de menores quedaron bajo la responsabilidad de las autoridades tras una entrada masiva. La respuesta estatal contempla ayudas y el traslado de menores a otras comunidades, un reparto que ha generado disputa política. En la Comunitat Valenciana, el presidente Juanfran Pérez Llorca ha alertado que los centros de menores están al 200% de su capacidad, dificultando la acogida de nuevos traslados. El debate, por tanto, confronta la obligación de proteger a menores desamparados con la capacidad real de las comunidades para atenderlos con garantías.
