Quince días. Quince largos días de huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana. Quince jornadas de protestas, declaraciones, concentraciones y enfrentamientos dialécticos que, lejos de generar una creciente simpatía social, parecen estar provocando justamente el efecto contrario en una parte importante de la ciudadanía.
Porque existe una realidad que algunos sindicatos y determinados sectores del profesorado parecen no querer escuchar: la paciencia de muchas familias tiene un límite.
La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad moderna. Los docentes desempeñan una labor esencial y la inmensa mayoría de ellos trabajan con profesionalidad, dedicación y vocación. Nadie discute la importancia de su trabajo ni el papel que desempeñan en la formación de las nuevas generaciones. Sin embargo, precisamente por la relevancia social de su profesión, también deberían ser conscientes de que sus reivindicaciones son observadas con especial atención por una ciudadanía que atraviesa dificultades económicas muy distintas a las de buena parte del funcionariado.
Muchos padres y madres que cada mañana llevan a sus hijos al colegio trabajan en el comercio, la hostelería, la construcción, el transporte o los servicios. Personas que encadenan contratos temporales, autónomos que apenas llegan a fin de mes o trabajadores que han visto cómo el coste de la vida se disparaba sin que sus salarios experimentaran una mejora significativa.
Por eso resulta difícil explicar a esas familias que una huelga indefinida continúe mientras las negociaciones giran principalmente alrededor de cuestiones salariales que, para muchos ciudadanos, parecen alejadas de la realidad económica que viven diariamente.
La desconexión con la realidad social
Uno de los problemas que está evidenciando este conflicto es la creciente desconexión entre algunos representantes sindicales y una parte de la sociedad.
Durante años se ha insistido en que la principal preocupación educativa eran las ratios, la atención individualizada al alumnado, la mejora de los recursos pedagógicos o las necesidades especiales dentro de las aulas. Sin embargo, cuando las negociaciones avanzan y los acuerdos parecen acercarse, muchos ciudadanos perciben que el verdadero núcleo del conflicto termina situándose en aspectos retributivos.
Y es precisamente ahí donde surge el malestar.
Porque mientras miles de valencianos trabajan por salarios modestos, algunos colectivos del sector público transmiten la sensación de que ninguna mejora es suficiente. Una percepción que puede ser injusta en muchos casos, pero que existe y que crece conforme se prolonga el conflicto.
La pregunta que empieza a hacerse mucha gente es sencilla: ¿estamos realmente ante una movilización educativa o ante una negociación salarial disfrazada de reivindicación pedagógica?
El problema de mezclarlo todo
Otro de los aspectos que más desconcierta a la opinión pública es la acumulación de reivindicaciones de naturaleza muy distinta dentro de una misma protesta.
Aumentos salariales, infraestructuras escolares, construcción de centros educativos, ampliación de instalaciones, reformas pendientes, plantillas, recursos materiales y múltiples cuestiones administrativas aparecen mezcladas en una misma plataforma reivindicativa.
Sin embargo, no todas esas materias dependen de la misma administración ni pueden resolverse desde los mismos organismos.
La gestión pública es compleja y las competencias están repartidas entre diferentes niveles administrativos. Hay cuestiones que corresponden a la Generalitat, otras a la Conselleria, otras a los ayuntamientos e incluso algunas dependen del Gobierno central.
Cuando se presenta todo como si fuera responsabilidad exclusiva de una única administración, se transmite una imagen simplista que no ayuda a comprender los problemas reales ni a encontrar soluciones eficaces.
El desgaste de las huelgas prolongadas
Toda huelga tiene un coste. Un coste económico para quienes la realizan, un coste organizativo para las familias y un coste social para el conjunto de la comunidad.
Al principio suele existir comprensión. Incluso quienes no comparten las reivindicaciones suelen reconocer el derecho legítimo a la protesta.
Pero cuando las semanas pasan y las soluciones no llegan, el apoyo comienza a erosionarse.
Las familias empiezan a preguntarse quién está pensando en los alumnos. Los estudiantes acumulan retrasos académicos. Los padres reorganizan horarios imposibles. Y la sensación de que nadie parece dispuesto a ceder acaba generando frustración.
En ese contexto, los discursos más radicales encuentran terreno fértil.
Una profesión que exige ejemplaridad
La enseñanza no es una profesión cualquiera. Los docentes no solo transmiten conocimientos; también representan modelos de comportamiento, responsabilidad y compromiso para miles de jóvenes.
Por ello, la sociedad espera de ellos un nivel de ejemplaridad especialmente elevado.
Defender derechos laborales es legítimo. Exigir mejoras es razonable. Reivindicar recursos para una mejor educación es incluso necesario.
Pero también es importante no perder de vista que la credibilidad de cualquier protesta depende en gran medida de cómo la perciba la ciudadanía.
Cuando una parte importante de la sociedad empieza a sentir que sus problemas cotidianos son ignorados mientras otros reclaman mejoras constantes desde posiciones laborales relativamente estables, surge inevitablemente un conflicto de percepción pública.
La educación merece algo mejor
La educación valenciana necesita inversión, planificación, estabilidad y consenso.
Necesita menos confrontación política y más soluciones prácticas.
Necesita que administraciones, sindicatos, docentes y familias trabajen juntos para resolver problemas estructurales que llevan décadas acumulándose.
Y necesita, sobre todo, que el interés de los alumnos vuelva a situarse en el centro del debate.
Porque al final los grandes perjudicados de cualquier conflicto educativo prolongado son precisamente aquellos que menos responsabilidad tienen en él: los estudiantes.
Quince días después del inicio de esta huelga, muchos valencianos ya no discuten el derecho a protestar. Lo que empiezan a cuestionar es si quienes dicen defender la educación están siendo capaces de defender también el interés general.
Y esa es una reflexión que nadie debería ignorar.
Pedro Fuentes Caballero
Académico de la Real Academia de Cultura Valenciana correspondiente por Dénia
Presidente de la Asociación Cultural Roc Chabàs de Dénia