La juez de la DANA que dirige la investigación sobre la catástrofe en la provincia de Valencia ha marcado límites claros en el interrogatorio a los responsables municipales. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha calificado formalmente como «no pertinente» la cuestión formulada por la acusación respecto a los contactos mantenidos con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.
Durante la sesión de declaraciones en sede judicial, la comparecencia de la alcaldesa socialista de Catarroja, Lorena Silvent, ha concentrado la atención de las partes personadas. La regidora, citada en calidad de testigo dentro de las diligencias previas que instruye el órgano jurisdiccional, acudió para aportar su testimonio sobre la gestión de la emergencia provocada por el temporal que asoló el municipio de l’Horta Sud.
Freno judicial al interrogatorio sobre las comunicaciones con Moncloa
El letrado Rubén Gisbert, personado en el procedimiento, intentó profundizar en los intercambios directos entre los dirigentes políticos durante las horas críticas del episodio meteorológico. Concretamente, formuló una pregunta orientada a saber si la responsable municipal estaría dispuesta a aportar al procedimiento judicial el contenido íntegro de su conversación con Pedro Sánchez.
La respuesta de la instructora Nuria Ruiz Tobarra fue inmediata al cortar esa línea de interrogatorio. La magistrada determinó que dicha solicitud no resultaba pertinente para el objeto principal de la investigación penal que se sigue en su juzgado, descartando así la incorporación de tales comunicaciones privadas a las actuaciones del caso que analiza este periódico en la sección de Actualidad .
Al comparecer como testigo, Lorena Silvent mantiene la obligación legal de responder con veracidad a las cuestiones admitidas por la presidencia de la sala. Sin embargo, la intervención de la instructora blindó ese aspecto específico de las indagaciones, impidiendo que el debate sobre la respuesta de la administración central interfiriese en la comparecencia.
El rumbo de las diligencias previas en los juzgados de Catarroja
El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja continúa recopilando pruebas testificales y documentales para esclarecer los hechos acontecidos durante el temporal. Las pesquisas intentan fijar la cronología exacta de los avisos, la activación de los recursos de emergencia y el auxilio prestado a la población afectada.
La labor que desarrolla la juez de la DANA se centra de este modo en determinar posibles responsabilidades o fallos operativos directos vinculados al desastre natural. Al desestimar la petición relativa al presidente del Gobierno, el juzgado acota el foco de las comparecencias a las decisiones técnicas y de mando estrictamente operativas, tal como recoge la información difundida por OKDiario sobre la sesión.
La instrucción penal sigue su curso en Catarroja con la previsión de nuevas rondas testificales que permitan esclarecer el impacto y la gestión del episodio en una de las comarcas más golpeadas del territorio valenciano.
En la causa de la dana, la actuación de la jueza está generando dudas que no pueden despacharse como simples críticas ni como ataques a la justicia. Cuando se investigan unos hechos que costaron la vida a tantas personas y que han dejado a tantas familias destrozadas, cada decisión judicial debe estar a la altura de la gravedad de lo ocurrido.
La imparcialidad no consiste únicamente en ser independiente, sino también en evitar decisiones que alimenten la sospecha de que no se está midiendo a todos con el mismo rasero. Las víctimas de todos los colores merecen respuestas, no más incertidumbre. Y si determinadas actuaciones provocan dudas sobre la objetividad con la que se está llevando la causa, lo mínimo exigible es que se expliquen con claridad y argumentos jurídicos, algo que con la jueza de la Dana no parece que lo haga.
La justicia no puede pedir confianza ciega: tiene que ganársela con sus decisiones.
