La manifestación por el derecho a la vivienda que recorrió este sábado las calles de València terminó lejos del carácter reivindicativo con el que había comenzado. La llegada de la marcha a las inmediaciones del Palau de les Arts, donde se celebraba el Valencia Real Estate Summit 2026, desembocó en enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y la Policía Nacional, con nueve agentes heridos y varias detenciones.
El episodio ha abierto además un nuevo frente de críticas contra la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. El sindicato JUPOL responsabiliza directamente a la delegada, Pilar Bernabé, de lo que considera un dispositivo policial insuficiente para afrontar una situación que, según sostiene la organización sindical, presentaba riesgos previsibles.
JUPOL sostiene que el dispositivo estaba «claramente infradimensionado» y denuncia que los criterios operativos de los mandos policiales pudieron quedar condicionados por decisiones políticas. El sindicato asegura, además, que existían advertencias sobre la posible presencia de grupos violentos y apunta a la Delegación del Gobierno como responsable política de la planificación del operativo.
Una protesta multitudinaria
La jornada había comenzado a las once de la mañana con una marcha desde la Porta de la Mar. Convocada por colectivos como el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge de València, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Entrebarris, la movilización reclamaba medidas ante el encarecimiento de la vivienda y los alquileres.
La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en más de 6.000 personas. El ambiente se mantuvo mayoritariamente reivindicativo durante buena parte del recorrido, hasta que la protesta alcanzó las inmediaciones del Palau de les Arts.
El edificio acogía en ese momento el Valencia Real Estate Summit 2026, un encuentro dedicado a la inversión inmobiliaria. La presencia del congreso convirtió el final de la marcha en un punto especialmente sensible dentro del dispositivo de seguridad.
Según fuentes de la Delegación del Gobierno citadas por medios de comunicación, un grupo de manifestantes sobrepasó el punto establecido para la finalización de la protesta y trató de aproximarse al recinto. Parte de los participantes llegó a superar el cordón policial y el vallado de seguridad.
De la protesta a los enfrentamientos
A partir de ese momento se produjeron los incidentes más graves. Según fuentes policiales, algunos participantes lanzaron vallas, adoquines y artefactos pirotécnicos contra los agentes. La Policía respondió con cargas y el empleo de material antidisturbios, incluidas pelotas de goma y gases.
El balance provisional dejó nueve policías heridos y varias personas detenidas. Las informaciones difundidas durante la tarde han manejado distintas cifras de arrestos, por lo que el número definitivo queda pendiente de confirmación oficial.
Los sucesos han provocado reacciones enfrentadas. Mientras los sindicatos policiales han puesto el foco en la seguridad de los agentes y en la suficiencia del dispositivo, organizaciones políticas y colectivos vinculados a la protesta han cuestionado la actuación policial y han reclamado explicaciones sobre las cargas.
JUPOL señala directamente a Pilar Bernabé
En este contexto, JUPOL ha endurecido sus críticas contra Pilar Bernabé. El sindicato considera que la planificación del dispositivo no contó con efectivos suficientes para responder a los incidentes que finalmente se produjeron y sostiene que los policías de la Unidad de Intervención Policial quedaron expuestos a una situación de especial riesgo.
La organización sindical también afirma que el problema no estuvo en el conjunto de los manifestantes, sino en la actuación de determinados grupos que, según su versión, se habrían infiltrado en la protesta. JUPOL acusa además a la Delegación de anteponer criterios políticos a los operativos.
Son, sin embargo, afirmaciones del sindicato. Hasta el momento no consta públicamente una respuesta específica de Pilar Bernabé a estas acusaciones que permita dar por acreditada la existencia de órdenes políticas destinadas a limitar el despliegue policial o una advertencia previa de JUPOL que hubiera sido formalmente ignorada.
La propia Delegación del Gobierno ha defendido públicamente que el dispositivo policial debe analizarse en función de los acontecimientos registrados y ha confirmado que la intervención se produjo después de que un grupo de manifestantes superara el recorrido y tratara de acceder al recinto del congreso.
Una jornada que deja preguntas abiertas
Los incidentes de València abren ahora varias cuestiones sobre la planificación y ejecución del dispositivo: cuántos agentes fueron desplegados específicamente en el tramo final de la manifestación, qué información manejaban los responsables policiales sobre posibles altercados, qué instrucciones recibieron las unidades antidisturbios y cómo se decidió la intervención ante el intento de superar el cordón de seguridad.
Mientras esas cuestiones se esclarecen, el episodio ha dejado dos relatos enfrentados. JUPOL sitúa el origen del problema en un dispositivo que considera insuficiente y reclama responsabilidades a la Delegación del Gobierno. Desde la otra perspectiva, la intervención policial se produjo después de que un grupo de manifestantes rebasara las medidas de seguridad establecidas en torno al Palau de les Arts.
La protesta, que había reunido a miles de personas para reclamar soluciones al problema de la vivienda, terminó así marcada por los enfrentamientos, los policías heridos y una nueva controversia sobre los límites y la planificación de la respuesta policial en las movilizaciones públicas.
Horas después, parte de los participantes trasladó la protesta a la plaza del Ayuntamiento, donde comenzó una acampada vinculada a las reivindicaciones por el acceso a la vivienda.
