- Según quien se manifieste, así considera la jueza que es peligroso o no
Hay cosas que no consigo entender. O quizá sí las entiendo, pero me niego a aceptarlas.
Durante meses hemos visto concentraciones a las puertas de los juzgados de Catarroja. Familiares de víctimas, asociaciones y ciudadanos reclamando explicaciones por una tragedia que dejó centenares de muertos y miles de afectados. Hemos visto pancartas, consignas y exigencias de responsabilidades políticas. Y, hasta donde sé, nadie consideró entonces que aquello pusiera en peligro el funcionamiento de la Justicia.
Sin embargo, basta con que las críticas cambien de dirección y apunten hacia la propia jueza para que de repente aparezcan los problemas de seguridad, las preocupaciones institucionales y la necesidad de suspender declaraciones.
Y ahí es donde me asalta una duda que creo que compartimos muchos ciudadanos: ¿la vara de medir es la misma para todos?
Porque si manifestarse ante un juzgado es una expresión legítima de indignación cuando las críticas van dirigidas contra determinados responsables políticos, debería seguir siéndolo cuando quien recibe las críticas es la propia instructora. Y si realmente esas concentraciones son una amenaza para la independencia judicial, entonces también deberían haberlo sido las anteriores. Lo que resulta difícil de comprender es que el criterio parezca cambiar en función de quién sea el destinatario de la protesta.
No discuto que la Justicia deba ejercer su labor con tranquilidad y sin presiones. Faltaría más. Pero precisamente por eso la neutralidad no solo debe existir, también debe parecer que existe. Y cuando los ciudadanos perciben que unas protestas se toleran con normalidad mientras otras provocan reacciones excepcionales, la confianza se resiente.
La jueza sostiene que el problema no era la protesta, sino determinadas formas de protesta. Puede ser. Pero la sensación que queda fuera de los autos y de los comunicados es otra muy distinta. La sensación es que durante meses la presión de la calle era asumible mientras se dirigía hacia unos; cuando empezó a dirigirse hacia otros, pasó a convertirse en un problema.
Esa es la percepción que han generado sus decisiones. Y en un asunto tan sensible como la investigación de la dana, donde la sociedad valenciana sigue esperando respuestas, las percepciones importan mucho.
Porque la Justicia no puede permitirse ni una sombra de parcialidad. Y cuando la ciudadanía empieza a preguntarse si existen protestas de primera y protestas de segunda, el problema ya no está solo en la calle. También está en la credibilidad de las instituciones, y en la de la propia jueza cuya imparcialidad está muy en duda desde el principio de la instrucción.