- Un gasto en gasolina excesivo desata una cacería tipo «trajes» contra el ex presidente Camps
- Curiosamente los más incisivos son los que aún no han dado cuenta de los 4 millones que desaparecieron de la EMT: Compromís
En los últimos días, la política valenciana se ha visto sacudida por una denuncia de Compromís: según datos oficiales obtenidos de la Generalitat Valenciana, Camps habría gastado alrededor de 15.000 euros en gasolina en 2025 usando su coche oficial como ex president.
La cifra no es menor: equivale a unos 1.200 euros al mes, lo que desató críticas políticas inmediatas. Desde Compromís se llegó a sugerir que ese coche se habría usado para actividades de partido, incluso calificándolo de uso indebido de recursos públicos.
Los cálculos difundidos en prensa ayudaron a alimentar la polémica: ese consumo equivaldría, por ejemplo, a hacer un viaje diario entre Valencia y Madrid durante todo un año.
Además, los datos comparativos agravan la percepción:
- Camps aparece como el expresident con mayor gasto en combustible, muy por encima de otros como Ximo Puig.
Camps ha reaccionado con contundencia negando las cifras. Su versión es clara:
- El gasto real no superaría los 4.000 euros.
- Su coche recorrió unos 29.000 km en el año, lo que considera compatible con esa cifra menor.
Pero su argumento más llamativo es otro: asegura que muchos repostajes se hicieron cuando él ni siquiera estaba en España, lo que apunta a un posible uso irregular de la tarjeta de combustible.
De hecho, el propio Camps ha pedido que se investigue quién utilizó esa tarjeta.
Ante el choque de versiones, el actual gobierno valenciano ha movido ficha.
El president ha anunciado una investigación oficial para aclarar:
- si el gasto es correcto,
- quién utilizó realmente la tarjeta,
- y si hubo un uso indebido de fondos públicos.
Este episodio no se entiende sin el contexto:
- Camps está intentando volver a primera línea política dentro del Partido Popular.
- La oposición utiliza el caso como símbolo de privilegios de los expresidentes.
- Y el propio Camps denuncia falta de control administrativo más que responsabilidad personal.
Lo que empezó como un dato contable (el gasto en combustible) se ha convertido en un conflicto político de primer nivel en la Comunidad Valenciana.
Ahora mismo, hay tres versiones en juego:
- La denuncia: 15.000 € y posible uso indebido.
- La defensa de Camps: unos 4.000 € y posible fraude con la tarjeta.
- La vía institucional: una investigación para aclarar qué ocurrió realmente.
El desenlace dependerá de esa investigación, pero el caso ya está teniendo impacto político y mediático, especialmente por lo que simboliza: el debate sobre el uso de recursos públicos por cargos y excargos dentro, sin duda, de la estrategia de desgaste que la izquierda ha iniciado de cara a las elecciones de mayo de 2027 tal como os decía ayer. Por cierto, es curioso que critiquen esta cantidad quienes aún no han dado señal de los 4 millones de euros que desaparecieron de la EMT.