La administración autonómica destinará más de 612 millones de euros al área de Justicia durante 2026 con el objetivo de avanzar hacia un sistema más moderno, eficiente y digitalizado. Las nuevas cuentas contemplan un incremento del 5,6% respecto al ejercicio anterior y ponen el foco en la mejora de infraestructuras judiciales, la atención a las víctimas y la transformación tecnológica.
Uno de los principales ejes presupuestarios será la modernización de las sedes judiciales, para la que se reservan 95 millones de euros. Esta partida permitirá impulsar la construcción de nuevos edificios judiciales, así como la ampliación y rehabilitación de instalaciones ya existentes en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana.
Además, la mayor parte del presupuesto seguirá destinándose al funcionamiento de la Administración de Justicia y a los servicios de acceso a la justicia y atención a las víctimas, que concentran alrededor del 90% del gasto total previsto.
En materia de personal, las cuentas contemplan una inversión de 335 millones de euros, un aumento destinado a mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en el sistema judicial y a consolidar nuevas plazas estructurales para reforzar la plantilla de los juzgados.
La digitalización continuará siendo otra de las prioridades durante 2026. Para ello se dedicarán más de cinco millones de euros a proyectos de modernización tecnológica orientados a agilizar procedimientos, mejorar la gestión de expedientes y facilitar la relación de la ciudadanía con la Justicia.
Más recursos para la atención a víctimas
La protección y asistencia a las víctimas contará con una dotación superior a los 82 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior. Dentro de este apartado destaca la financiación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, que absorberán cerca de 59 millones de euros.
Las nuevas cuentas también prevén recursos adicionales para hacer frente al aumento de procedimientos judiciales derivados de situaciones extraordinarias que han incrementado la litigiosidad en los últimos meses.
Transparencia, participación y memoria democrática
El presupuesto incluye igualmente partidas destinadas a fortalecer las políticas de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana. Cerca de ocho millones de euros servirán para mejorar plataformas digitales de acceso a la información pública, fomentar la rendición de cuentas y apoyar iniciativas de participación social.
Asimismo, se mantendrán programas relacionados con la recuperación de la memoria democrática, la identificación de víctimas y las actuaciones de exhumación impulsadas por entidades locales.
Por otra parte, se reforzarán las ayudas dirigidas al tejido asociativo y a organizaciones que desarrollan proyectos de participación ciudadana, además de incorporarse nuevas líneas de financiación para la rehabilitación de espacios vinculados a la promoción cultural y patrimonial.
Con estas inversiones, la administración autonómica busca consolidar un modelo judicial más cercano, accesible y adaptado a los retos tecnológicos y sociales de los próximos años.