- La izquierda prepara una legislatura de movilización permanente hasta las elecciones de 2027
- Problemas que durante el Botànic apenas generaban protestas son ahora presentados como emergencias sociales
- La falta de liderazgo y el desgaste del sanchismo empujan a la izquierda a convertir la calle en su principal arma política
En democracia, manifestarse es un derecho fundamental. Lo es para reclamar mejoras laborales, para protestar contra decisiones políticas o para expresar indignación social. El problema aparece cuando determinadas movilizaciones dejan de ser espontáneas o sectoriales para convertirse en herramientas de desgaste político permanente. Y eso es precisamente lo que muchos ciudadanos empiezan a percibir en la Comunidad Valenciana.
La reciente manifestación de la enseñanza pública ha vuelto a abrir ese debate. Oficialmente convocada para defender mejoras educativas y protestar por la situación de la escuela pública. Pancartas personalizadas, consignas políticas y presencia destacada de dirigentes y militantes de partidos de izquierda terminaron reforzando la sensación de que el objetivo iba mucho más allá de la educación.
No es algo nuevo. Desde la llegada del nuevo gobierno autonómico, buena parte de la oposición política y sindical ha instalado una dinámica de movilización continua. Primero fueron las protestas por los pactos de gobierno, después las concentraciones por la televisión pública, después las manifestaciones contra Mazón mientras se obviaba la más que probable responsabilidad de Sánchez y su Gobieno antes, durante y después de la dana, y ahora la enseñanza. Todo apunta a que la estrategia continuará de aquí hasta las elecciones autonómicas de mayo del próximo año.
La izquierda valenciana parece haber entendido que, ante la dificultad de construir un liderazgo sólido o un proyecto alternativo ilusionante, la mejor fórmula pasa por mantener una campaña de presión constante en la calle. El objetivo no sería tanto resolver conflictos concretos como generar una sensación permanente de desgaste, tensión e inestabilidad alrededor del Consell.
El problema de esa estrategia es que corre el riesgo de vaciar de legitimidad reivindicaciones que sí pueden ser razonables. Cuando cualquier protesta termina convertida en un acto político contra el gobierno autonómico, muchos ciudadanos dejan de percibirla como una defensa sincera de servicios públicos y empiezan a verla como un instrumento partidista. Y eso acaba perjudicando incluso a los propios colectivos movilizados.
La manifestación educativa es un buen ejemplo. Más allá de las cifras discutidas —con una presencia notable de familias y menores frente a una participación docente aparentemente menor de la esperada—, el relato posterior se centró más en el impacto político contra la consellera que en las propuestas educativas concretas. La protesta dejó la sensación de formar parte de una estrategia de oposición continuada más que de una reivindicación estrictamente profesional.
Además, existe otro elemento importante: la doble vara de medir. Muchos de los sindicatos y organizaciones que hoy lideran las protestas mantuvieron una actitud mucho más moderada durante anteriores gobiernos autonómicos de izquierdas, incluso en momentos de fuertes recortes, conflictos sanitarios o problemas educativos evidentes. Esa diferencia de intensidad alimenta inevitablemente la sospecha de que la movilización social no responde únicamente a criterios sindicales o ciudadanos, sino también ideológicos.
Nada de esto significa que no existan problemas reales en la educación valenciana ni que los ciudadanos no tengan derecho a protestar. Pero convertir la calle en una campaña electoral permanente tiene consecuencias. Polariza el debate público, desgasta las instituciones y termina generando cansancio social.
Probablemente veremos más movilizaciones de aquí a mayo del próximo año. Algunas estarán justificadas, otras tendrán un evidente componente político y muchas mezclarán ambas cosas. Lo importante será distinguir cuándo una protesta nace realmente de una necesidad social y cuándo se convierte, simplemente, en una prolongación de la batalla partidista por otros medios.
