La titular de la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja ha ordenado incorporar a la investigación sobre la gestión de la DANA nuevas pruebas documentales y grabaciones de llamadas al 112 realizadas por responsables municipales de Utiel el 29 de octubre de 2024.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha dictado una providencia en la que acuerda solicitar al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) la grabación de la llamada efectuada por el alcalde de Utiel, Ricardo G.G., alrededor de las 14:30 horas de aquel día, así como la conversación mantenida por el concejal Aitor I., quien también contactó con el servicio de emergencias durante la jornada de la catástrofe.
La resolución judicial incorpora además un escrito remitido el pasado 6 de mayo por el alcalde de Utiel, acompañado de mensajes y registros de llamadas relacionados con la emergencia provocada por la DANA. La jueza ha ordenado el cotejo de esos mensajes y ha dado traslado de toda la documentación a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.
Asimismo, el juzgado ha solicitado a la Diputación Provincial de Valencia el listado de llamadas recibidas por el alcalde de Utiel durante el 29 de octubre de 2024 vinculadas con la gestión de la emergencia.
La causa, instruida bajo las diligencias previas 692/2024, investiga presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. En el procedimiento figuran como investigados Salomé P.T. y Emilio A.T.
En otra resolución dictada también este 8 de mayo, el juzgado ha admitido a trámite un recurso de revisión presentado contra un decreto anterior de fecha 30 de abril de 2026 y ha dado traslado al Ministerio Fiscal y al resto de partes para que formulen alegaciones en un plazo de dos días.
Además, la letrada de la Administración de Justicia ha acordado citar a varios testigos para declarar el próximo mes de junio en la sede judicial de Catarroja. Entre ellos figuran afectados vinculados a distintas piezas separadas de la investigación.
El juzgado también ha notificado a las partes el acta de cotejo realizada sobre documentación aportada por uno de los testigos, que incluye correos electrónicos, un informe relacionado con la DANA y facturas telefónicas.
Las resoluciones judiciales insisten en que la documentación y los datos personales incorporados a la causa no podrán difundirse fuera de los supuestos previstos legalmente y recuerdan la obligación de preservar la intimidad de las personas afectadas.