Reclama un modelo energético basado en el autoconsumo y en la instalación de placas solares en zonas urbanas, industriales y espacios degradados, sin destruir el territorio rural
La Unió Llauradora presentará alegaciones a los proyectos de construcción de dos grandes plantas fotovoltaicas previstas en algunas localidades de la comarca del Vinalopó Mitjà, por considerar que supondrán una grave pérdida de suelo agrario productivo y una importante amenaza para el futuro de numerosas explotaciones agrícolas.
Los proyectos, denominados «La Balsa», con una potencia instalada de 51 MW, y «La Cascada», con 64,4 MW, afectan a unas 340 hectáreas de los términos municipales de Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost. Actualmente se encuentran en fase de información pública tanto el estudio de impacto ambiental como la solicitud de autorización administrativa previa de ambas instalaciones y de sus infraestructuras de evacuación y se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 25 de junio.
LA UNIÓ muestra su firme oposición a estos macroproyectos por el elevado impacto que tendrían sobre una de las principales zonas productoras de uva de mesa de la provincia de Alicante. La organización recuerda que los agricultores afectados han realizado durante años importantes inversiones, muchas de ellas con apoyo de las administraciones públicas, para mejorar la competitividad y sostenibilidad de sus explotaciones mediante la construcción de balsas de riego, la modernización de infraestructuras hidráulicas y la implantación de sistemas de riego localizado.
La implantación de estas plantas solares pondría en cuestión todo ese esfuerzo inversor y supondría la desaparición de una importante superficie agrícola actualmente en producción. Además, afectaría de forma muy significativa al capital productivo y al empleo agrario de la zona, al poner en jaque a empresas dedicadas a la comercialización de la uva de mesa que les dificultaría cubrir los costes de explotación. También afectaría a las comunidades de regantes de la zona, comprometiendo la viabilidad de infraestructuras fundamentales para la actividad agraria.
La organización agraria insiste en que comparte plenamente la necesidad de avanzar hacia un modelo energético basado en las energías renovables, pero considera que su desarrollo debe realizarse de forma ordenada, racional y compatible con la preservación de la actividad agraria.
En este sentido, LA UNIÓ reclama que se priorice el autoconsumo energético y la instalación de placas solares en cubiertas de edificios urbanos, polígonos industriales, infraestructuras públicas, espacios degradados y otras superficies no productivas, evitando así la ocupación de terrenos agrícolas fértiles y en plena actividad.
La organización considera que la proliferación de grandes plantas fotovoltaicas sobre suelo agrario o forestal constituye una nueva agresión contra el mundo rural, que ya sufre problemas estructurales como la falta de rentabilidad, el abandono de explotaciones y la despoblación.
El responsable del sector de uva de mesa de LA UNIÓ, Enrique Sánchez, señala que “nos quieren imponer grandes proyectos fotovoltaicos sin ningún tipo de racionalidad cuando habría que acercar la producción energética a las grandes áreas urbanas e industriales de consumo, con el objetivo de evitar las pérdidas y el impacto del transporte de la energía a grandes distancias”. Sánchez añade que “no tiene sentido destruir terrenos agrícolas productivos, que generan empleo, riqueza y actividad económica en el medio rural, para instalar infraestructuras energéticas que podrían ubicarse perfectamente en otras zonas ya transformadas”.
LA UNIÓ advierte de que la transición energética no puede hacerse a costa de sacrificar el territorio rural ni de expulsar a quienes viven de la agricultura. Por ello, reclama a las administraciones públicas que defiendan el suelo agrario productivo y apuesten por un modelo energético sostenible que compatibilice la producción de energía renovable con la actividad agrícola y la conservación del territorio.