El gobierno valenciano, presidido por Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado su rotundo rechazo a la pretensión de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de que los menores migrantes de Ceuta , conocidos como menas, permanezcan en España bajo un imperativo de “se van a quedar”. Esta postura surge tras la entrada de estos menores en Ceuta y la voluntad del Ministerio de distribuirlos sin considerar la capacidad de acogida de las comunidades autónomas.
La Generalitat Valenciana ha sido clara: la comunidad ya se encuentra al 180% de su capacidad para acoger a estos jóvenes, lo que imposibilita asumir más llegadas. Esta sobrecarga pone en jaque los recursos y la atención adecuada que se puede ofrecer a cada menor, y subraya la necesidad de un enfoque más coordinado y equitativo por parte del Gobierno central.
La saturación de los centros de acogida en la Comunitat
La posición del Consell no es una negativa a la solidaridad, sino una llamada de atención sobre una realidad innegable: la Comunitat Valenciana ha superado con creces su límite de acogida. La cifra del 180% evidencia una saturación que compromete la calidad de la asistencia y la integración de los menores ya presentes. Esta situación no solo afecta a los recursos económicos, sino también al personal especializado y a las infraestructuras necesarias para garantizar un entorno seguro y adecuado para estos jóvenes vulnerables.
La Generalitat insiste en que cualquier decisión sobre la reubicación de menores migrantes de Ceuta debe tener en cuenta la capacidad real de cada territorio y no imponer soluciones unilaterales. Es fundamental que el Gobierno central dialogue con las comunidades autónomas para establecer un reparto justo y sostenible, que no sobrecargue a unas regiones mientras otras tienen margen de maniobra. La protección y el bienestar de estos menores deben ser la prioridad, y esto solo se logra con una planificación responsable y colaborativa.
El debate sobre la autonomía y la gestión de recursos
El conflicto entre el Consell y el Ministerio de Juventud e Infancia pone de manifiesto un debate más amplio sobre las competencias autonómicas y la gestión centralizada de crisis migratorias. La Generalitat Valenciana defiende su autonomía para decidir sobre cuestiones que afectan directamente a sus servicios sociales y a la sostenibilidad de sus recursos. Imponer la acogida de más menores sin una dotación presupuestaria y de personal adecuada genera una tensión que podría derivar en un deterioro de la atención.
La postura del gobierno valenciano busca proteger los derechos de los menores ya acogidos y garantizar que cualquier nueva llegada se realice en condiciones dignas y sostenibles. Es un llamamiento a la coherencia y a la responsabilidad compartida, donde el diálogo y la coordinación interadministrativa sean la base para abordar un desafío tan complejo como la migración de menores no acompañados.
