El dilema de afrontar la verdad sobre las pensiones frente al cálculo electoral

Estoy escuchando con cierta sorpresa, y también con bastante expectación, a quienes sostienen que el PP y Vox no deben entrar en el barro del debate de las pensiones porque le perjudica electoralmente. Que sacar este asunto es pegarse un tiro en el pie. Y cuanto más lo escucho, más preguntas me hago.

 

Pero vayamos por partes.

 

Hace unas semanas, un conocido socialista, entregado a la causa de la «rosa nostra» hasta el punto de que ni los casos de corrupción conocidos parecen hacerle cambiar de opinión, me soltó una frase que resume bastante bien el problema: «Sánchez es quien más ha subido las pensiones».

 

Intenté explicarle que una cosa es subir una pensión sobre el papel y otra muy distinta es lo que esa pensión permite comprar. ¿De qué sirve cobrar más si el coste de la vida se dispara y el dinero pierde capacidad para llegar a fin de mes? ¿De qué sirve presumir de subidas del SMI o de las pensiones si el ciudadano tiene cada vez más dificultades para pagar la vivienda, la cesta de la compra, la luz o cualquier gasto básico?

 

No hubo manera. El dato de la subida bastaba. Lo demás parecía no importar.

Y ahí está el problema: en una parte del electorado ha calado la idea de que subir una prestación equivale, automáticamente, a vivir mejor. Y el Gobierno sabe perfectamente cómo aprovecharlo.

Por eso vende las subidas de las pensiones como un éxito propio y agita el fantasma de que, si llegan el PP y Vox, las pensiones bajarán. El miedo como argumento electoral. El miedo a perder lo que se tiene, especialmente entre los mayores, un recurso que el PSOE conoce y utiliza desde hace tiempo.

Pero una cosa es defender a los pensionistas y otra convertirlos en rehenes electorales. Una cosa es garantizar sus derechos y otra hacerles creer que cualquier alternativa política amenaza directamente su bolsillo.

 

Y aquí llegamos al asunto que de verdad me preocupa.

 

Hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones no es atacar a los pensionistas. Decir que hay problemas que resolver no significa querer recortar las pensiones. Significa reconocer que tenemos una obligación con quienes cobran hoy, pero también con quienes tendrán que cobrarlas mañana.

 

Si el sistema afronta dificultades, habrá que explicarlas, estudiar las alternativas y tomar decisiones. Lo que no tiene sentido es mirar hacia otro lado para no perder votos. Porque los problemas no desaparecen por dejar de hablar de ellos. Simplemente, se acumulan hasta que alguien tiene que afrontarlos, posiblemente en peores condiciones.

Sin embargo, parece que algunos periodistas y medios nacionales consideran que entrar en este debate es un error estratégico para el PP y Vox. Que es mejor no tocar el asunto, no levantar la liebre y no dar argumentos al adversario. Dicho de otro modo: que hay verdades que conviene callarse si se quiere ganar unas elecciones.

 

Y yo me pregunto: ¿qué clase de política estamos defendiendo?

 

¿Queremos que los políticos nos digan lo que necesitamos escuchar o que nos cuenten lo que necesitamos saber?

¿Y si nos mienten, los criticamos por hacerlo o les reprochamos que no hayan sabido mentir mejor?

¿No sería más sensato exigir a quienes aspiran a gobernar que expliquen antes de las elecciones qué problemas se van a encontrar, qué soluciones plantean y qué consecuencias pueden tener sus decisiones? ¿No es preferible saber a qué atenernos antes de depositar el voto, en lugar de descubrir después que las promesas no eran más que propaganda?

¿O pretendemos que los partidos escondan los problemas reales debajo de la alfombra por miedo a que el adversario los utilice en campaña?

 

Porque eso es precisamente lo que me parece peligroso: que el cálculo electoral termine imponiéndose a la obligación de decir la verdad. Que se considere más importante ganar unas elecciones que explicar al ciudadano la situación del país. Y que, después, nos llevemos las manos a la cabeza cuando la gente desconfía de la política.

 

Si queremos regenerar la vida pública, tendremos que empezar por algún sitio. Y el primer paso debería ser dejar de tratar a los ciudadanos como si fueran incapaces de entender la realidad.

 

España necesita mucho más que un cambio de caras. Necesita recuperar la fortaleza de su sector primario, revisar el gasto público, controlar con rigor adónde van los millones y millones destinados a subvenciones y ayudas, combatir la corrupción y reducir las estructuras políticas innecesarias. Necesita evaluar qué se ha hecho mal, quién ha tomado las decisiones y cuánto nos han costado. Necesita, en definitiva, una revisión profunda de su modelo económico, administrativo y político.

 

Y necesita hacerlo sin propaganda, sin trincheras y sin ese empeño permanente en ocultar cualquier dato que pueda perjudicar al partido de turno.

 

Porque si seguimos aplazando las decisiones difíciles, si continuamos gastando sin explicar de dónde sale el dinero y si confundimos las promesas con las soluciones, el precio terminará pagándolo la sociedad. En forma de menos oportunidades, más presión económica y mayor incertidumbre para las generaciones que vienen.

Mucho me temo que la gestión de estos últimos años ha agravado problemas que ya existían. Y no hace falta atribuir a nadie un plan deliberado para destruir el país para exigir responsabilidades por sus decisiones. Basta con mirar los resultados, discutirlos con datos y pedir explicaciones.

 

Por eso vuelvo al principio. Si hay quienes creen que hablar con claridad sobre las pensiones perjudica electoralmente al PP y Vox, quizá deberían preguntarse qué entienden por ganar unas elecciones y para qué quieren ganarlas.

 

¿Para gobernar y resolver los problemas, o para seguir administrando el relato mientras los problemas crecen?

 

¿De verdad queremos regenerar la política o nos conformamos con campañas perfectamente calculadas para seguir vendiendo humo?

La pregunta no es si decir la verdad puede costar votos. La pregunta es cuánto nos va a costar seguir ocultándola.

PEPE HERRERO