El mercado laboral valenciano ha experimentado un aumento del desempleo en agosto, con 5.847 personas más sin trabajo. Un tercio de este incremento, concretamente 1.958 personas, proviene del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Esta situación, según la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, requiere una revisión de la planificación y financiación de los servicios públicos de empleo.
Desde el inicio de este proceso, 11.353 personas se han inscrito en Labora como demandantes de empleo. A 31 de agosto, 6.593 de ellas se encontraban en situación de desempleo, lo que representa un 10,7% del total de extranjeros parados en la Comunitat Valenciana y un 2,2% del conjunto de desempleados.
Impacto de la regularización en las cifras de Labora
El aumento de personas desempleadas procedentes de la regularización ha sido notable en los últimos meses. De solo 33 en abril, la cifra escaló a 169 en mayo, 1.237 en junio y 4.635 en julio, hasta alcanzar las 6.593 en agosto. Este crecimiento sostenido genera una demanda adicional sobre los servicios públicos de empleo, que necesitan recursos para ofrecer orientación, formación e intermediación laboral adecuada.
La Comunitat Valenciana cerró agosto con un total de 294.519 personas desempleadas. A pesar del incremento mensual, el número de parados sigue siendo inferior al de hace un año, con 2.235 personas menos y un descenso interanual del 0,75%.
Reclamación de financiación al Gobierno central
Susana Camarero ha recordado que la política migratoria es competencia del Estado, pero sus decisiones tienen un impacto directo en los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas. Por ello, ha reclamado al Gobierno de España la financiación necesaria para que Labora pueda afrontar el incremento de la demanda generada por el proceso de regularización.
La Generalitat ya ha solicitado recursos extraordinarios para reforzar la capacidad de atención de Labora en áreas clave como la orientación y la formación, sin haber recibido respuesta del Ministerio. La vicepresidenta insiste en que el Gobierno no puede aprobar medidas de esta envergadura sin dialogar con las comunidades y sin asumir los costes asociados al impacto en sus servicios.
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