La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha suspendido de forma cautelar la cobertura laboral dictada por la administración autonómica para las estaciones de inspección técnica. La resolución judicial rebaja de manera drástica el personal operativo fijado por la Generalitat ante la convocatoria de paro general prevista para el 11 de noviembre.
El tribunal autonómico ha decidido atender de manera parcial la petición de medidas cautelarísimas presentada por el sindicato UGT País Valencià. La organización sindical impugnó la orden aprobada el pasado 6 de noviembre por la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, al considerar que vulneraba derechos fundamentales durante la jornada reivindicativa.
Atención exclusiva a flotas de bomberos ambulancias y seguridad
El criterio de los magistrados deja sin efecto la orden autonómica que obligaba a mantener en activo hasta a un 40 por ciento de la plantilla habitual en cada centro de trabajo. Para la sala, imponer esa cuota laboral no resultaba una medida motivada ni proporcionada, apoyándose además en una sentencia previa dictada por esta misma sección durante el presente año 2024.
A partir de este pronunciamiento, los servicios mínimos ITV quedan restringidos de forma estricta a revisiones de carácter urgente y perentorio. Esto implica que las instalaciones únicamente prestarán servicio a vehículos de emergencias esenciales, como ambulancias, dotaciones del cuerpo de bomberos y unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Rechazo a las medidas cautelares en comedores y ascensores
El recurso del sindicato demandante no solo ponía el foco en los centros de inspección técnica de vehículos. Los representantes laborales también reclamaron la paralización inmediata de las coberturas impuestas en otros dos sectores sensibles como los comedores de los colegios y las tareas de conservación de elevadores.
En el caso del servicio de comidas en los centros educativos, la sala señala que no concurren los requisitos para quebrar la presunción de validez del acto administrativo sin escuchar antes a la parte demandada. Respecto al mantenimiento de ascensores, los jueces consideran que el sindicato basa su petición en una conjetura sobre el destino real del personal, manteniendo vigentes los servicios establecidos por el Consell en ambas áreas.
Sigue más noticias de Actualidad en Ecos de Valencia.
