La Junta Electoral de Zona de Sueca ha ordenado al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna la retirada inmediata de una publicación difundida en sus redes sociales oficiales. El organismo arbitral ha estimado la reclamación formulada por el Partido Popular local tras constatar que el consistorio utilizó perfiles institucionales para divulgar logros de gestión durante una convocatoria con las urnas en marcha.
El pronunciamiento jurídico se fundamenta en la aplicación directa del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Este precepto legal veta de manera taxativa a los poderes públicos la realización de cualquier acto o difusión informativa que aluda a realizaciones o supuestos éxitos gubernamentales una vez abierto el calendario oficial de votaciones.
Infracción de la neutralidad y apercibimiento legal
El requerimiento emitido por la autoridad electoral advierte formalmente a los responsables municipales de las consecuencias legales que acarrearía desatender la orden. El texto traslada que persistir en el mantenimiento del mensaje constituiría un posible delito de desobediencia, además de facultar el inicio de un expediente administrativo sancionador contra los cargos implicados.
La controversia surge a raíz de la denuncia interpuesta por los populares, quienes alertaron de que los recursos públicos de comunicación se estaban empleando con fines partidistas. Según expuso la formación denunciante, los canales sufragados por el conjunto de los vecinos acabaron convertidos en herramientas de promoción política en favor del PSOE y de Pedro Sánchez.
Reacciones sobre el uso de canales institucionales
La portavoz municipal del Partido Popular, Eva Palomares, ha calificado lo sucedido como una práctica desleal contraria a las normas democráticas básicas. Desde su perspectiva, las plataformas institucionales deben preservar siempre una estricta imparcialidad informativa y reservarse únicamente a asuntos de interés cívico general, dejando los mensajes electorales a los partidos.
Palomares ha subrayado igualmente que la alcaldesa, Lara Romero, conocía las limitaciones que marca la normativa vigente para estos periodos de comicios. Tras la resolución arbitral, el grupo opositor asegura que mantendrá la supervisión sobre los medios del municipio para asegurar que las dependencias públicas respeten la neutralidad obligatoria.
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