La Ayuntamiento de Valencia ha aprobado definitivamente una nueva normativa sobre apartamentos turísticos que supone un cambio importante en el modelo de ciudad. Según ha explicado la alcaldesa, María José Catalá, el objetivo es poner orden al crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos y priorizar el uso residencial de la vivienda. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que busca alejar a Valencia de un modelo basado en el turismo masivo y apostar por un destino urbano más equilibrado.
La normativa, impulsada por el equipo de gobierno formado por PP y Vox, ha salido adelante sin el apoyo de la oposición. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado que se trata de una de las regulaciones más restrictivas de España en esta materia. Entre sus objetivos principales está garantizar que la gran mayoría de las viviendas sigan destinadas a los vecinos, evitando que se transformen en alojamientos turísticos.
Uno de los ejes clave de la regulación es el establecimiento de límites muy concretos, conocidos como los “tres candados”. En primer lugar, el número total de plazas turísticas —incluyendo hoteles, apartamentos y viviendas turísticas— no podrá superar el 8 % de la población de cada barrio o distrito. En segundo lugar, solo un máximo del 2 % del total de viviendas podrá destinarse a uso turístico. Por último, en las plantas bajas de cada manzana, los alojamientos turísticos no podrán superar el 15 % del total de locales.
Además de estos límites, la normativa introduce condiciones estrictas sobre la ubicación de los apartamentos turísticos. Solo podrán instalarse en plantas bajas o primeras alturas de edificios de uso mixto, nunca compartiendo rellano con viviendas, y deberán contar con acceso independiente desde la calle. También será necesaria la autorización de la comunidad de vecinos. Asimismo, no se permitirán nuevos alojamientos en barrios que ya hayan alcanzado el nivel máximo de saturación turística.
El gobierno municipal defiende que estas medidas permitirán que el 98 % de las viviendas de la ciudad mantengan su uso residencial, reforzando así la idea de una ciudad pensada para vivir y no únicamente para el turismo. En este sentido, Catalá ha subrayado que la normativa es “histórica” y sitúa al vecino en el centro de las políticas urbanas. También ha defendido que pone fin a la “barra libre” existente en etapas anteriores, durante las cuales se permitió una expansión significativa de los apartamentos turísticos.
Sin embargo, la norma no ha estado exenta de críticas. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de València se ha reconocido que supone un avance al establecer límites al crecimiento turístico, pero se ha advertido de que presenta “vacíos y excepciones”. En particular, preocupa que no se dé solución a la gran cantidad de apartamentos turísticos ilegales existentes en la ciudad, que según los vecinos superan los 9.000.
Los partidos de la oposición, como Compromís y PSPV-PSOE, también han mostrado su rechazo. Consideran que la normativa es insuficiente para frenar la especulación y el encarecimiento de la vivienda. Desde Compromís se critica que no se plantee el cierre de apartamentos ya existentes ni un refuerzo real de la inspección, mientras que los socialistas alertan de que la medida podría permitir que sigan abriéndose alojamientos turísticos en barrios aún no saturados.
Además, la oposición vincula directamente el auge de los apartamentos turísticos con el aumento del precio de la vivienda y los alquileres, señalando que Valencia se ha convertido en una “ciudad tensionada”. Por ello, reclaman medidas más contundentes, como la limitación de precios o la paralización total de nuevas licencias.
Frente a estas críticas, el equipo de gobierno insiste en que la normativa no pretende ir en contra del turismo, sino regularlo de forma equilibrada. Defiende un modelo que combine la actividad turística con la protección del tejido residencial y comercial de los barrios. También subraya que la nueva regulación incentiva la conversión de apartamentos turísticos en viviendas tradicionales, con el objetivo de aumentar la oferta residencial.
En definitiva, la aprobación de esta normativa refleja un intento de redefinir el modelo urbano de Valencia. Por un lado, busca frenar los efectos negativos del turismo masivo sobre la vivienda y la vida vecinal; por otro, pretende mantener el atractivo turístico de la ciudad dentro de unos límites sostenibles. El debate sigue abierto, ya que mientras el gobierno municipal la presenta como una solución firme y necesaria, vecinos y oposición consideran que aún queda mucho por hacer para resolver el problema de fondo.
