Las asociaciones de las víctimas de la DANA cercanas a la izquierda valenciana han dado un paso más en su búsqueda de justicia al recurrir al Tribunal Constitucional. Su objetivo es que se anule el aforamiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, lo que permitiría investigarle en relación con los sucesos derivados de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana. Objetivo claramente ideológico por las decisiones judiciales ya tomadas al respecto.
La iniciativa surge de una asociación de afectados, cuya abogada ha planteado una pregunta retórica que evidencia la frustración y la percepción de impunidad que sienten: «Si el señor Mazón asesina a alguien por la calle, ¿puede estar aforado?». Esta cuestión intenta subrayar la demanda de que ningún cargo público, por elevado que sea, quede exento de rendir cuentas ante la justicia ordinaria por presuntas responsabilidades, pero deja en evidencia a la abogada pues le hace culpable de algo que ni siquiera se ha aceptado para inicial ninguna causa judicial. Una maniobra poco edificante para una letrada.
El debate sobre el aforamiento de cargos públicos que solo surge cuando el aforado es de derechas
La petición de las víctimas de la DANA reabre el debate sobre la figura del aforamiento en España. Este privilegio procesal, que blinda a ciertos cargos públicos, como presidentes autonómicos o diputados, de ser juzgados por tribunales ordinarios, ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores que lo consideran una forma de desigualdad ante la ley. Los afectados argumentan que el aforamiento no debería ser un escudo para evitar investigaciones sobre posibles negligencias o responsabilidades políticas. Pero siempre sale a la palestra cuando el aforado es de derechas, curioso debate.
Para las asociaciones cercanas a la izquierda valenciana, este asunto tiene una resonancia particular, ya que afecta directamente a la capacidad de los ciudadanos para exigir responsabilidades a sus representantes. La decisión del Tribunal Constitucional sentará un precedente importante sobre los límites del aforamiento y su aplicación en casos que, como el de la DANA, han tenido un impacto devastador en la vida de muchas personas. La expectación es alta ante la resolución que pueda ofrecer el tribunal, clave para entender cómo se equilibra la protección institucional con la demanda de justicia ciudadana.
Pero llamativamente cuando se producen hechos como el accidente de Adamuz, estos debates permanecen ocultos.
Próximos pasos en la vía judicial
El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (controlado por Sánchez) es un movimiento estratégico que busca agotar todas las vías legales disponibles. Si el Constitucional acepta la demanda y declara inconstitucional o inaplicable el aforamiento de Mazón para este caso específico, se abriría la puerta a que la investigación contra el presidente pueda avanzar en los tribunales ordinarios. Esto significaría un cambio sustancial en el curso del proceso judicial, que hasta ahora se había topado con la barrera del aforamiento.
Es crucial para las Actualidad víctimas de la DANA Valencia que se esclarezcan todas las responsabilidades, tanto políticas como de gestión, que pudieron influir en la magnitud de los daños causados por la tormenta. La decisión del Constitucional no solo afectará al caso de Mazón, sino que podría influir en futuras interpretaciones del aforamiento para otros cargos públicos, marcando un antes y un después en la relación entre poder político y responsabilidad judicial en nuestra comunidad.
Con lo que se supone poco probable que prospere por el peligro que eso supondría para la gran cantidad de casos de corrupción política del PSOE está aflorando en los últimos meses, incluido el propio presidente del Gobierno si fuera imputado como algunas fuentes apuntan.