- Se le acusa de mandar intimidar a una mujer de 74 años que escribió en redes sociales contra el alcalde
El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, deberá comparecer ante el juez por la denuncia presentada por una vecina que le acusa de haberla amenazado. La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado que el procedimiento debe continuar como un juicio por un presunto delito leve de amenazas, en el que también están denunciados dos agentes de la Policía Local.
Los hechos se remontan al 22 de abril de 2024. Según la denuncia, los dos policías se presentaron en el domicilio de la mujer después de que esta hubiera realizado críticas al alcalde a través de las redes sociales. La denunciante sostiene que la actuación policial se produjo por indicación del Ayuntamiento y reclama que se depuren responsabilidades.
La Audiencia Provincial confirma el juicio por amenazas leves
La Audiencia Provincial no ha dado por acreditada la versión de la denunciante sobre una posible indicación del Ayuntamiento, ni ha considerado que existan elementos suficientes para investigar un delito de mayor gravedad en este momento. Sin embargo, sí ha confirmado que existen motivos para que los hechos sean examinados en un juicio por amenazas leves. El tribunal también ha rechazado otras diligencias solicitadas por la acusación, como la incorporación de escuchas telefónicas procedentes de otra investigación, al considerarlas injustificadas y desproporcionadas.
Por su parte, Zaragozá mantiene que no ha cometido ninguna irregularidad. El alcalde ha asegurado estar tranquilo, confiar en la Justicia y tener ganas de aclarar el asunto. La decisión de la Audiencia implica que el alcalde tendrá que responder como denunciado, pero no establece una condena ni su responsabilidad en los hechos.
Repercusiones políticas y el futuro del caso en Silla
El caso ha provocado un choque político en Silla. El Partido Popular del municipio acusa al alcalde de haber utilizado a la Policía Local para intimidar a una vecina por sus críticas. El gobierno municipal rechaza esta interpretación y recuerda que no existe ninguna resolución judicial que declare que Zaragozá ordenara amenazar o intimidar a la denunciante.
La cuestión central queda ahora pendiente del juicio: determinar qué ocurrió aquel 22 de abril, por qué los agentes acudieron al domicilio de la vecina y si hubo alguna instrucción por parte del alcalde o del Ayuntamiento. En un municipio pequeño como Silla, donde las relaciones políticas y personales tienen un peso especial, el caso ha convertido una actuación que inicialmente podía parecer menor en un nuevo frente para el gobierno municipal.
