La empresa pública de Almusafes (Emspa) ha decidido readmitir a la trabajadora que denunció al alcalde del municipio, Toni González —expulsado recientemente del PSOE— por presunto acoso sexual y laboral, tras la intervención de la Agencia Valenciana Antifraude. La decisión se produce después de que el organismo autonómico advirtiera sobre posibles represalias y exigiera medidas cautelares para proteger a la denunciante, entre ellas su reincorporación inmediata.
El Consejo de Administración de Emspa suspendió el despido disciplinario aprobado el 13 de febrero y restituyó a la trabajadora con todas sus condiciones profesionales y retributivas, incluyendo la alta en la Seguridad Social y el abono de los salarios correspondientes. Según el documento interno de la empresa, la readmisión responde a la resolución de Antifraude que ordenaba “la suspensión inmediata de la eficacia ejecutiva del despido” mientras se tramita el expediente sancionador.
Pese a la readmisión, Emspa sostiene que no se trató de una represalia. En su acuerdo, el órgano gestor defiende que el despido disciplinario se adoptó “con base a unos hechos y una fundamentación jurídica” respaldada por un informe externo, y que el procedimiento se tramitó con todas las garantías, incluyendo la comunicación a los representantes de los trabajadores y un proceso “contradictorio”.
Además, el Consejo de Administración ha intentado desvincular al alcalde Toni González del procedimiento, alegando que cualquier referencia a la alcaldía en el expediente fue “un error de transcripción” y que el regidor no adoptó resolución alguna relacionada con el caso. Esta aclaración se produce mientras Antifraude mantiene la investigación sobre el entorno político del alcalde y los miembros del consejo de administración que aprobaron el despido.
El caso había provocado la expulsión de González del PSOE, pero la resolución de Antifraude amplió el conflicto al cuestionar posibles represalias sistemáticas contra la trabajadora, que había denunciado presuntas irregularidades en Emspa. La readmisión se interpreta como una rectificación forzada por la presión institucional, aunque la empresa mantiene su defensa del procedimiento adoptado.
El incidente ha generado un fuerte debate en Almussafes y en el socialismo valenciano sobre la gestión de la empresa pública, la protección de denunciantes y la intervención de los organismos autonómicos, convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos y complejos del último año en la Comunitat Valenciana.