Una minuciosa investigación de la Guardia Civil ha culminado con la caída de una red delictiva dedicada a la distribución irregular de carburante en las provincias de Valencia y Alicante. La trama utilizaba tarjetas de repostaje sustraídas a una compañía de transporte de viajeros para suministrar gasóleo a bajo coste, una actividad clandestina que ha dejado cincuenta y ocho detenidos y un perjuicio económico que supera los 58.000 euros.
Las alarmas saltaron cuando la plataforma de control de medios de pago detectó consumos anómalos que sobrepasaban con creces el límite de crédito habitual autorizado para las tarjetas de la mercantil afectada. Aquel bloqueo preventivo marcó el inicio de la denominada operación Rezervor, orientada a rastrear los movimientos de los títulos de abastecimiento corporativos.
Sustracción de las credenciales de repostaje en talleres mecánicos
Las indagaciones revelaron que el origen de la filtración estuvo en dos empleados de un taller de vehículos pesados que se encargaba del mantenimiento habitual de la flota de autobuses en suelo alicantino. Ambos trabajadores sustrajeron presuntamente dieciocho tarjetas de suministro, aunque los investigadores comprobaron que se llegaron a explotar nueve de ellas en diferentes surtidores.
En un primer momento, los implicados restringieron los repostajes fraudulentos a sus propios vehículos. Sin embargo, no tardaron en expandir el negocio mediante anuncios encubiertos en plataformas digitales de compraventa de segunda mano, captando a interesados que pagaban cantidades en metálico o recurrían a transferencias bancarias directas para obtener gasóleo sensiblemente rebajado.
Repostajes masivos nocturnos en surtidores de Torrent y Torrevieja
El entramado perfeccionó un sistema para despachar el combustible robado sin levantar sospechas inmediatas entre los empleados de las estaciones de servicio. A través de aplicaciones de mensajería instantánea, los cabecillas coordinaban a grupos de clientes en las inmediaciones de gasolineras de Torrent y Torrevieja, siempre aprovechando los últimos minutos previos al cierre de las instalaciones.
Allí organizaban el llenado simultáneo de hasta ocho mangueras con las que abastecían furgonetas, camiones grúa, turismos y garrafas de gran volumen ocultas en maleteros. Un único pago centralizado cubría el importe global de la operación, cobrando después a particulares y autónomos una tarifa fija de un euro por litro. Tras las detenciones, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha decretado la puesta en libertad de los arrestados, manteniendo la condición de investigadas a otras nueve personas vinculadas al caso.
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