Una investigación desarrollada por agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional en Valencia, en colaboración con la brigada de Alicante, ha culminado con el arresto de seis personas acusadas de abandonar a sus propios hijos adolescentes en territorio español tras ingresar legalmente como turistas.
Las detenciones se repartieron entre Valencia, donde cayeron tres de los progenitores, y los municipios de Tarifa, Málaga y Melilla. Los arrestados, cuatro hombres y dos mujeres de entre 39 y 56 años de edad, enfrentan cargos por presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración irregular.
Ruta aérea y vacaciones previas al abandono ficticio
Las pesquisas comenzaron a principios de año tras detectarse un patrón idéntico en varios adolescentes de 16 y 17 años procedentes del Magreb. Los jóvenes acudían a dependencias de la Guardia Civil o comisarías afirmando encontrarse completamente desamparados para ingresar de inmediato en los circuitos asistenciales.
Los agentes descubrieron que las familias volaban a España a través de diversos aeropuertos, entre ellos el de Valencia-Manises, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Murcia o Málaga. Tras disfrutar de unos días de vacaciones en el país, los padres regresaban a sus lugares de origen dejando a los menores en las proximidades de instalaciones policiales para no afrontar consecuencias legales inmediatas.
Familias acomodadas con parientes asentados en España
El objetivo de estas maniobras residía en conseguir de manera indebida la cobertura del sistema español de protección a la infancia. De este modo, los recursos públicos asumían la tutela integral, el sustento y la formación académica de los jóvenes mientras residían en centros especializados.
La investigación policial determinó que los arrestados procedían de entornos socioeconómicos desahogados, un requisito imprescindible para la concesión del visado turístico de entrada. Asimismo, los investigadores comprobaron que gran parte de estos menores contaba con parientes de segundo o tercer grado establecidos legalmente en España, disponiendo de apoyo cercano mientras el Estado costeaba sus cuidados. Todos los adultos detenidos han pasado ya a disposición judicial.
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