- La izquierda puede elegir a quien quiera, la derecha parece que tiene que pedirles permiso
- El sectarismo de la delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana sigue en aumento
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha vuelto a encender la batalla política valenciana tras cargar públicamente contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y llamarla «franquista», por la elección de un arquitecto de reconocido prestigio pero abiertamente crítico con el Gobierno central para participar en uno de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. La polémica, lejos de limitarse a una discusión técnica, ha reabierto el debate sobre el creciente sectarismo político que invade cada vez más ámbitos de la vida pública española, incluida la cultura y la arquitectura.
Lo que en otro tiempo habría sido interpretado como una apuesta por el talento y la experiencia profesional, independientemente de las ideas personales del elegido, se ha transformado ahora en una nueva trinchera ideológica. Bernabé cuestionó la decisión del Ayuntamiento insinuando que la designación respondía a afinidades políticas y no únicamente a criterios técnicos. Sus palabras provocaron una inmediata reacción en el entorno municipal y entre numerosos profesionales, que consideran preocupante que las opiniones políticas de un arquitecto puedan convertirse en motivo de reproche institucional.
Desde el equipo de Catalá se defendió la elección como una apuesta por un perfil de “prestigio internacional” y con experiencia acreditada en proyectos urbanos complejos. La alcaldesa reivindicó la independencia de los criterios profesionales frente a lo que calificó como intentos de “politizar absolutamente todo”. En privado, dirigentes del PP valenciano fueron incluso más duros y acusaron al PSOE de pretender establecer una especie de cordón ideológico sobre determinados sectores profesionales.
La controversia refleja un clima político cada vez más polarizado, donde cualquier nombramiento corre el riesgo de ser analizado antes por la supuesta orientación ideológica de la persona elegida que por su trayectoria. Para muchos observadores, el problema de fondo no es ya el arquitecto en cuestión, sino el mensaje implícito que deja la polémica: que ser crítico con el Gobierno puede convertirse automáticamente en un estigma público.
Diversas voces del ámbito cultural y universitario han advertido en los últimos años sobre este fenómeno, señalando que España vive una dinámica en la que la discrepancia política se castiga social e institucionalmente con creciente intensidad. En ese contexto, las críticas de Bernabé han sido interpretadas por sus detractores como un ejemplo claro de intolerancia política disfrazada de debate público y un seguidismo a la política de su «jefe protector» Pedro Sánchez.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Valencia mantiene su hoja de ruta y evita dar marcha atrás. La figura del arquitecto elegido se ha convertido casi en símbolo involuntario de una discusión más amplia: si las administraciones deben valorar exclusivamente la capacidad profesional o si, en la práctica, determinadas opiniones políticas empiezan a funcionar como un veto silencioso.
La polémica confirma que en la política valenciana para la izquierda ya casi nada escapa al enfrentamiento partidista. Ni siquiera la arquitectura. Lo estamos viendo con la huelga de profesores altamente sectaria.
La izquierda puede fichar a quien quiera para lo que quiera, la derecha parece que le tiene que pedir permiso.
Una nueva deriva ideológica fuera de lugar a de la izquierda valenciana.