La negociación entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y las organizaciones sindicales ha entrado en un momento de máxima tensión tras el rechazo sindical a la propuesta presentada por el Gobierno valenciano, considerada por la Generalitat como “la más ambiciosa” realizada hasta ahora para el profesorado de la Comunitat Valenciana.
La oferta, presentada inicialmente el pasado 19 de mayo, incluía una subida salarial de 200 euros mensuales para todos los docentes —equivalente a 2.800 euros brutos anuales— junto a un paquete de más de 60 medidas destinadas a reformar el sistema educativo valenciano. Según defendió la Conselleria, el acuerdo situaría a los profesores valencianos entre los mejor remunerados de España.
En concreto, Educación aseguró que el profesorado de Secundaria pasaría a liderar el ranking salarial de las comunidades de régimen común, solo por detrás de País Vasco y Navarra debido a sus particularidades fiscales. En el caso de los maestros de Primaria, alrededor del 70 % se situaría entre los mejor pagados del país.
La propuesta contemplaba elevar el salario base de los maestros hasta los 37.556 euros anuales y el de los profesores de Secundaria hasta los 41.750 euros, sin incluir antigüedad ni complementos.
Más allá del salario
La Conselleria defendió que el acuerdo iba mucho más allá de la mejora retributiva y recogía reivindicaciones históricas de la comunidad educativa. Entre las medidas planteadas figuraban la reducción progresiva de ratios, un plan de simplificación burocrática con más de veinte actuaciones concretas, el refuerzo de plantillas docentes y nuevas medidas de inclusión educativa.
También se proponía incorporar un maestro adicional estable en todos los centros de Primaria para cubrir ausencias desde el primer día, además de nuevas plazas de Audición y Lenguaje y más aulas específicas para alumnado con necesidades especiales.
En materia de infraestructuras, el documento incluía un Plan Director con actuaciones de climatización, accesibilidad y mejora de centros educativos, acompañado de un calendario de aplicación y mecanismos de seguimiento con participación sindical.
La consellera de Educación, Carmen Ortí, calificó la propuesta de “realista, ambiciosa y económicamente responsable” y pidió a los sindicatos “responsabilidad” para no bloquear un acuerdo que, según defendió, beneficiaba directamente al profesorado, al alumnado y a las familias.
Rechazo sindical y tensión por la huelga
Sin embargo, tras una nueva reunión mantenida el 20 de mayo, las organizaciones sindicales rechazaron la oferta, manteniendo la huelga indefinida convocada en el sector educativo.
Tras conocerse el desenlace de la negociación, la Conselleria lamentó públicamente la decisión sindical y aseguró que “el principal perjudicado por esta situación es el alumnado”.
Durante una comparecencia pública, Carmen Ortí centró su discurso en las consecuencias que la huelga está teniendo sobre estudiantes y familias. La titular de Educación relató casos de alumnado de Bachillerato que ha perdido clases en plena preparación de la PAU, familias obligadas a recurrir a apoyo académico externo y suspensión de actividades de final de curso en centros de Primaria.
Asimismo, también hizo referencia a estudiantes con necesidades educativas especiales que, según indicó, no han podido contar con determinados apoyos durante los días de paro.
La consellera insistió en mostrar “respeto absoluto” hacia todos los docentes, tanto a quienes secundan la huelga como a quienes no lo hacen, aunque reconoció que la situación ha generado tensión en algunos centros educativos.
La negociación sigue abierta
Pese al rechazo sindical, la Generalitat aseguró que mantiene abierta la vía del diálogo y reiteró su disposición a seguir negociando para alcanzar un acuerdo.
Ortí lamentó que los sindicatos no aceptaran suspender temporalmente la huelga mientras continuaban las conversaciones y reclamó “sacar la política de las aulas” para priorizar el interés del alumnado y las familias.
“La puerta sigue abierta”, aseguró la consellera, quien defendió que la propuesta rechazada suponía “una oportunidad histórica para convertir la educación pública valenciana en una de las mejores de España”.