La directora del Servicio Común de Ejecución de Valencia pone en marcha la Instrucción 13/26 para reforzar la formación práctica de los funcionarios en ejecución civil, unificar criterios y mejorar la respuesta al ciudadano.
La formación, la coordinación y la unificación de criterios se han convertido en tres de las herramientas con las que el Servicio Común de Ejecución de Valencia quiere combatir los retrasos y mejorar la eficacia de la Justicia. Su directora, Cristina Gil Fabregat, ha impulsado la Instrucción 13/26, una iniciativa destinada especialmente a reforzar la preparación práctica de los funcionarios recién incorporados al Área Civil o procedentes de otras jurisdicciones que todavía no cuentan con experiencia específica en ejecución civil.
La medida llega durante las primeras semanas de funcionamiento separado de los servicios comunes de Tramitación y de Ejecución del Tribunal de Instancia de Valencia. Este nuevo escenario ha permitido detectar cuáles son las materias que plantean más dudas en el trabajo cotidiano y establecer una formación directamente relacionada con los problemas que encuentran los funcionarios al tramitar los procedimientos.
«Se pretende que todos los funcionarios trabajen con criterios homogéneos, actúen con mayor seguridad y puedan ofrecer una respuesta más ágil y eficaz al ciudadano», explica Gil.
Una de las áreas más complejas de la Justicia
La ejecución civil presenta una importante complejidad técnica. Un mismo procedimiento puede incluir recursos de reposición o revisión, oposición a la ejecución, impugnaciones de tasaciones de costas o solicitudes de subasta, cada una con sus propios trámites, plazos y resoluciones.
Según explica la directora del Servicio Común de Ejecución, algunas de las principales dificultades aparecen al identificar qué trámite corresponde en cada momento, seleccionar correctamente el modelo procesal, controlar los plazos o determinar cuál debe ser la siguiente actuación.
Especial atención requieren las subastas judiciales. Antes de remitir un expediente al Servicio de Subastas Judiciales de ámbito provincial hay que comprobar que se cumplen todos los requisitos y que la documentación necesaria está completa para poder proceder posteriormente a su publicación y celebración.
La Instrucción 13/26 busca precisamente reducir estas dudas y evitar que errores u omisiones terminen provocando nuevas demoras.
Para Cristina Gil, la existencia de un único Servicio Común de Ejecución debe servir precisamente para garantizar una actuación uniforme. Aunque la normativa procesal es la misma, pueden producirse errores o interpretaciones diferentes en la práctica diaria.
«La unificación de criterios aporta seguridad jurídica, facilita la supervisión, reduce errores y permite ofrecer una respuesta más ágil y eficaz», señala.
Cerca de 50 actuaciones formativas desde finales de julio
El programa no parte de cero. Desde finales de julio y durante agosto se han desarrollado alrededor de 50 actuaciones formativas, principalmente relacionadas con la Cuenta de Consignaciones y el Punto Neutro Judicial y con la participación de integrantes de las jefaturas de ejecución civil.
El balance, asegura Gil, está siendo «muy positivo».
Una de las características de esta formación es su carácter eminentemente práctico. No se trata únicamente de abordar conceptos teóricos, sino de trabajar sobre las dudas y dificultades que aparecen en el día a día, de manera que lo aprendido pueda trasladarse inmediatamente a los procedimientos.
Gil defiende, además, que la formación interna no debe ser algo excepcional, sino incorporarse al funcionamiento habitual del Servicio Común de Ejecución. Compartir la experiencia acumulada permite que los funcionarios desarrollen su labor con mayor autonomía, seguridad y eficacia.
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Una mejora que debe llegar al ciudadano
El objetivo último de estas medidas está fuera de los propios juzgados: el ciudadano.
La percepción de una Justicia lenta y excesivamente burocrática constituye uno de los problemas a los que se enfrenta la Administración de Justicia. Para Gil, una plantilla mejor formada puede contribuir directamente a reducir tiempos.
Un funcionario que domina el procedimiento identifica antes el trámite correcto, emplea adecuadamente las herramientas disponibles y comete menos errores, evitando actuaciones innecesarias y posteriores subsanaciones.
Y en materia de ejecución, cada retraso puede tener consecuencias muy concretas.
Puede significar que una persona tarde más tiempo en cobrar una cantidad que ya le ha sido reconocida judicialmente, que se demore la entrega de un mandamiento de pago o que una subasta tarde más de lo debido en celebrarse.
«La tutela judicial solo es plenamente efectiva cuando las resoluciones se cumplen», subraya Cristina Gil.
La directora reconoce, no obstante, que la formación no puede solucionar por sí sola todos los problemas de la Justicia. Las plantillas disponibles, los medios tecnológicos y la propia organización también condicionan la capacidad de respuesta. Pero considera que contar con funcionarios formados, coordinados y con criterios claros constituye una pieza fundamental para conseguir procedimientos más ágiles.
Agosto también es tiempo de trabajar contra los retrasos
La iniciativa tiene además una particularidad: buena parte de este trabajo se está desarrollando durante agosto, un mes tradicionalmente asociado a una menor actividad judicial.
«La Justicia no se detiene en agosto», recuerda Gil.
Aunque en la jurisdicción civil la mayoría de las actuaciones procesales se encuentran en periodo inhábil y numerosos profesionales y funcionarios disfrutan de sus vacaciones, los servicios continúan funcionando.
La menor actividad permite aprovechar estas semanas para avanzar en asuntos pendientes, detectar necesidades individuales y trabajar con grupos reducidos, ofreciendo una atención más personalizada a aquellos funcionarios que necesitan reforzar determinadas materias.
El objetivo está puesto ya en el regreso de septiembre.
«Agosto no debe ser un mes perdido; puede ser también un periodo de organización, formación y preparación para afrontar con mayores garantías los meses de mayor actividad», sostiene.
El reto: localizar y reducir los retrasos
Más allá de la Instrucción 13/26, Cristina Gil tiene claro cuál es uno de los grandes desafíos para los próximos meses: detectar dónde se concentran los procedimientos de ejecución con mayor retraso, descubrir qué fallos o disfunciones los están provocando y establecer mecanismos para corregirlos.
Para la responsable del servicio, los procedimientos de ejecución deben estar al día porque en ellos se materializa aquello que previamente ha determinado una resolución judicial.
No basta, por tanto, con obtener una sentencia. Es necesario que aquello que los tribunales han resuelto termine cumpliéndose.
«Una resolución judicial que no se cumple o que se ejecuta con una demora excesiva no ofrece al ciudadano una respuesta plenamente satisfactoria», advierte.
Por ello, durante los próximos meses el Servicio Común de Ejecución de Valencia pretende seguir reforzando tres grandes áreas: organización, formación y coordinación, con la reducción de los retrasos como objetivo prioritario.
Cristina Gil resume esa filosofía con una frase que traslada el conocido dicho popular al ámbito judicial y que refleja el propósito de las medidas que está impulsando:
«Se dice que el tiempo es oro, pero el tiempo en Justicia es Justicia».
