La Generalitat Valenciana ha dado un paso firme ante el Tribunal Supremo, presentando alegaciones que ponen en entredicho el Real Decreto 316/2026. Esta normativa establece un proceso extraordinario para la regularización de extranjeros en España, modificando el Reglamento de Extranjería. La Generalitat no solo cuestiona su legalidad, sino que ha reiterado la petición de suspensión cautelar, argumentando que la medida impacta directamente en la organización, financiación y prestación de servicios públicos en la Comunitat Valenciana.
El Tribunal Supremo, a raíz del recurso inicial de la Generalitat, ya ha manifestado dudas sobre la compatibilidad del Real Decreto con la normativa europea. De hecho, ha planteado la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las alegaciones presentadas por la Abogacía de la Generalitat, con fecha de 30 de junio de 2026, subrayan que esta no es una simple reforma técnica, sino una regularización masiva con potenciales efectos sobre cientos de miles de personas.
Impacto en el marco migratorio europeo
Las alegaciones de la Generalitat apuntan a una supuesta actuación unilateral del Estado, sin la necesaria coordinación con la Comisión Europea ni con los demás Estados miembros. Esta falta de consenso es crucial, especialmente en vísperas de la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. La Generalitat defiende que una medida de este calado, adoptada por vía reglamentaria y con efectos sobre el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, podría debilitar los objetivos comunes de control, retorno efectivo y reparto equilibrado de responsabilidades.
Desde la Generalitat se insiste en que el Real Decreto podría anticiparse al marco europeo común, comprometiendo políticas cruciales como el procedimiento de protección internacional, la Directiva de Retorno, la gestión del asilo y las reglas Schengen. Además, se argumenta que una norma interna de rango reglamentario no debería generar efectos generales que puedan socavar una política europea compartida. Por ello, la Actualidad de este proceso es vital para los valencianos.
Urgencia en la suspensión cautelar
A pesar de instar al Supremo a plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE, la Generalitat ha solicitado encarecidamente que no se demore la resolución de las medidas cautelares. La preocupación es clara: si no se suspende la norma de forma inmediata, la medida cautelar perderá su sentido práctico. El plazo de solicitudes de regularización finaliza el 30 de junio de 2026, y los efectos de esta regularización masiva podrían materializarse rápidamente, haciendo irreversible cualquier decisión posterior.
La Generalitat reitera su petición de suspender las disposiciones impugnadas del Real Decreto. Alega que su adopción sin coordinación con la Unión Europea y los Estados miembros vulnera el principio de cooperación leal y el marco común establecido en los Reglamentos (UE) 2024/1351, así como el sistema Schengen. La decisión del Supremo será clave para el futuro de esta controvertida regularización.
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