- El descontento entre los padres aumenta
- Los profesores que no están de acuerdo son silenciados
- Crece el temor a que vincular la huelga con el intento de imponer una dictadura lingüística perjudique las verdaderas reivindicaciones laborales.
La enseñanza pública valenciana vive uno de los conflictos más tensos de los últimos años. La huelga indefinida convocada por los principales sindicatos docentes —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y con apoyo de ANPE— ha llevado a una situación límite: dimisiones de equipos directivos, protestas frente a Les Corts y un choque político y social cada vez más duro.
Los sindicatos sostienen oficialmente que sus reivindicaciones son laborales y educativas: reducción de ratios, aumento de plantillas, mejoras salariales, menos burocracia y más inversión en infraestructuras. También denuncian una pérdida de poder adquisitivo del profesorado desde 2010.
Sin embargo, el conflicto ha adquirido una fuerte dimensión lingüística y política. Entre las exigencias sindicales aparece de forma explícita la “defensa del valenciano en las aulas” frente a las políticas impulsadas por el actual Consell de PP y Vox, que han promovido una mayor libertad de elección lingüística y una reducción del peso obligatorio del valenciano en determinadas etapas educativas.
Es decir, en contra de lo que en su día votaron los padres para sus hijos intentando imponer su ideología a la voluntad de los padres. Eso tiene un nombre…
Desde sectores críticos con la huelga se acusa a los sindicatos, especialmente a STEPV, por cierto, apadrinado por Compromís, de aprovechar el conflicto laboral para intentar blindar un modelo educativo más catalanista y frenar cualquier avance del castellano como lengua vehicular predominante al igual que se lleva haciendo años en Cataluña. Medios afines a esa visión hablan directamente de un intento de “arrinconar el castellano”.
La realidad es que el debate lingüístico en la Comunitat Valenciana lleva décadas siendo un campo de batalla político. Para unos, reforzar el «valenciano» es necesario porque consideran que sigue estando en desventaja social frente al castellano. Para otros, determinadas políticas de inmersión o cuotas lingüísticas han terminado discriminando a familias castellanohablantes y limitando su libertad educativa.
No olvidemos que el “valenciano” que ellos defienden es el promovido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), una entidad que muchos consideran más política que lingüística y cuyo modelo normativo se acerca más al catalán estándar que al valenciano hablado tradicionalmente en la calle. Frente a ello, entidades como la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat defienden una normativa diferenciada y más próxima al valenciano popular y tradicional. Sus detractores denuncian que esta variedad se intenta marginar o incluso prohibir porque contradice la tesis que sostiene que el valenciano es una variedad del catalán hablada en la Comunitat Valenciana.
La huelga actual ha hecho estallar esa tensión acumulada. Los sindicatos mantienen la presión con movilizaciones masivas y amenazas de prolongar el paro hasta final de curso si no hay acuerdo. Al mismo tiempo, el Gobierno valenciano acusa a parte de las organizaciones convocantes de mezclar reivindicaciones salariales con objetivos ideológicos ligados al modelo lingüístico.
Mientras tanto, los centros educativos viven una situación muy complicada: cientos de miles de alumnos afectados, incertidumbre sobre evaluaciones finales y una creciente polarización social entre quienes ven la huelga como una defensa de la educación pública y quienes la consideran una forma de presión política y cultural.
Recordemos que el gobierno del Botànic, con Compromís al frente de la enseñanza, también les dijeron que no a todo menos a la dictadura lingüística. Y entonces no hubo este nivel de movilización.
Yo me pregunto: ¿esto es porque a la izquierda ya no le sirve la baza de las protestas contra Mazón y aprovechan esta?
Aprovechando que el Pisuerga para por Valladolid…