La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido denegar las medidas cautelarísimas solicitadas por un sindicato contra los servicios mínimos establecidos por la Generalitat. Con esta decisión, el marco operativo fijado para los centros sanitarios se mantendrá intacto durante las primeras jornadas del paro indefinido convocado para personal médico y facultativos residentes.
Los magistrados han fundamentado su resolución en que no se dan las circunstancias legales oportunas para actuar de urgencia extrema sin escuchar a las partes implicadas. En su análisis, el tribunal descarta que concurran los presupuestos de apariencia de buen derecho o un riesgo inminente por la mora procesal que justifique resolver de forma inmediata e inaudita parte.
La condición de paro indefinido frena la resolución sin escuchar al Consell
El tribunal ha valorado de forma específica la naturaleza de la protesta para justificar que no se tome una decisión apresurada. Al tratarse de un conflicto laboral de carácter continuado en el tiempo, la Sala considera que no resulta procedente anular el decreto organizativo de los hospitales valencianos antes de conocer formalmente la postura de la Administración.
El auto señala explícitamente que la huelga de médicos tiene carácter indefinido, una circunstancia procesal que aconseja desestimar la petición urgente para poder calibrar el alcance de la medida con todos los argumentos sobre la mesa.
Plazo de cuatro días para recibir los informes de la Generalitat y el Fiscal
La vía judicial continuará activa mediante la tramitación de un incidente cautelar ordinario. A través de este cauce, el TSJCV ha otorgado cuatro días a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y al Ministerio Fiscal para que expongan las alegaciones y criterios jurídicos que consideren oportunos en defensa de los servicios mínimos fijados.
Desde la Sala se insiste en que la resolución definitiva por este cauce habitual apenas sufrirá demora temporal respecto al calendario de movilizaciones. Los magistrados sostienen que contrastar los argumentos del Consell y de la Fiscalía resulta imprescindible para adoptar una decisión fundada en justicia y asegurar el equilibrio asistencial en la sanidad autonómica.
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