Hay una pregunta que lleva demasiado tiempo dando vueltas y que, por unas razones o por otras, nadie termina de contestar con claridad: ¿Debe ser investigado Carlos Mazón por su actuación durante la DANA o no?
No pregunto si es culpable. Eso, a estas alturas, sería una barbaridad afirmarlo. Pregunto si debe ser investigado.
Y parece mentira que, casi dos años después de aquella tarde que acabó con 231 personas muertas, sigamos sin tener una respuesta clara a algo tan básico. Porque lo ocurrido estos últimos días vuelve a colocar el asunto en el mismo sitio.
La defensa de Mazón ha hecho lo que, desde su punto de vista, tenía que hacer. Ha presentado un escrito de 66 páginas intentando demostrar que no existe relación causal entre sus decisiones y las muertes producidas durante la DANA. Y ha pedido algo que, en principio, parece bastante razonable: que la jueza diga si existe alguna línea de investigación concreta contra él. E
La respuesta de la jueza ha sido que no existe una investigación prospectiva contra Mazón. Pero aquí empieza el lío. Porque una cosa es que no exista una investigación prospectiva y otra que no haya nada que investigar. Y eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo.
La jueza dice que el escrito de Mazón es, en realidad, una petición de sobreseimiento presentada por alguien que ni siquiera tiene la condición de investigado y ante un juzgado que, por su condición de aforado, no puede tomar esa decisión. Y al mismo tiempo recuerda que las diligencias sobre la gestión de la emergencia siguen abiertas y que la investigación no está agotada. CCadena
Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si no se está investigando a Mazón, perfecto.
Pero si las diligencias pueden afectar a un aforado, si se sigue investigando la actuación de quienes tenían responsabilidades en aquella emergencia y si se considera relevante determinar por qué no se avisó antes y mejor a la población, resulta difícil pedirle a la sociedad que mire para otro lado.
Más todavía cuando la propia jueza ha escrito algo que debería hacer reflexionar a cualquiera: que la falta de avisos sobre el riesgo de bajar a los garajes resultó mortal. No lo dice un tertuliano. No lo dice un socialista.No lo dice un popular.
Lo dice la magistrada que está instruyendo la causa.
Y ahí está el verdadero problema. Porque podemos discutir durante años si el mensaje de Es-Alert se mandó a las 20.11 o si debería haberse mandado antes. Podemos discutir quién redactó el mensaje, quién lo autorizó, quién estaba en el CECOPI, quién llamó a quién y quién dejó de llamar. Todo eso es importante.
Pero al final hay una pregunta que debería estar por encima de todas las demás:
¿Quién tenía capacidad y responsabilidad para proteger a la población cuando todavía se podía hacer algo?
Y si esa pregunta conduce a Mazón, habrá que investigarlo. Y si no conduce a Mazón, habrá que decirlo.
Lo que no parece razonable es utilizar el argumento de que no existen pruebas contra él para impedir que se busque si existen.
Eso sería poner el carro delante de los caballos. La Justicia no funciona así.
Primero se investiga y después se decide si existen indicios suficientes para continuar. Y si no los hay, se archiva.
La postura judicial y el estatus de aforado
De hecho, eso es precisamente lo que ocurrió en marzo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó por unanimidad asumir la investigación sobre Mazón porque no encontró un fundamento sólido y objetivo para apreciar un posible delito. Entre otras cosas, consideró que no estaba acreditado que Mazón tuviera el deber legal de asumir directamente la gestión de la emergencia ni que hubiera participado en el envío del Es-Alert. Ese pronunciamiento hay que respetarlo.
Pero tampoco convierte a Mazón en intocable. Ni convierte automáticamente en inútil cualquier diligencia posterior. Y aquí es donde los devaneos de esta instrucción empiezan a generar una sensación bastante incómoda.
En febrero, la jueza elevó al TSJ una exposición razonada sobre la posible responsabilidad de Mazón.
En marzo, el TSJ dijo que no veía base suficiente para investigarlo.
Ahora, en septiembre, la misma jueza contesta a la defensa de Mazón diciendo que no existe una investigación prospectiva contra él, pero recuerda que existen diligencias que pueden afectar a un aforado y que la investigación continúa.
¿Alguien puede explicar de una vez, y sin utilizar el lenguaje de los autos judiciales, qué se está investigando exactamente?
Porque quizá ahí esté toda la cuestión. No se trata de perseguir a Mazón. Tampoco de salvarlo. Se trata de saber qué pasó. Y de saberlo todo.
Porque en esta historia hay demasiadas cosas que todavía no encajan.
No encaja que una emergencia de semejante magnitud acabara con cientos de personas atrapadas sin recibir a tiempo un mensaje claro sobre el peligro.
No encaja que durante horas se estuviera manejando información cada vez más preocupante y que todavía hoy tengamos que discutir quién sabía qué y cuándo lo sabía.
Y tampoco encaja que casi dos años después la principal discusión política siga siendo si preguntar por las responsabilidades equivale a querer condenar a alguien. No.
Investigar no es condenar. Investigar es investigar. Y Mazón, si está convencido de que no tuvo ninguna responsabilidad penal, debería ser el primer interesado en que se investigue hasta el último detalle. Porque si no tuvo nada que ver, cuanto antes quede demostrado, mejor para él. Y si tuvo responsabilidad, por acción o por omisión, entonces también tendremos que saberlo.
Lo que no podemos aceptar es una justicia a la carta. Una justicia que sea buena cuando señala al adversario y mala cuando apunta a los nuestros. Una justicia que nos guste cuando confirma nuestras sospechas y que se convierta en una persecución política cuando no lo hace. Eso no es justicia. Es sectarismo.
Y las 231 personas que murieron aquel día merecen bastante más que eso. Merecen saber quién falló. Dónde se falló. Cuándo se falló. Y si esos fallos tuvieron consecuencias que pudieron evitarse.
Después ya vendrán las responsabilidades políticas, administrativas o penales.
Pero primero hay que dejar trabajar a la Justicia. Por eso, a día de hoy, mi pregunta no es si Mazón es culpable. No tengo esa respuesta y tampoco me corresponde tenerla.
Mi pregunta es otra: ¿Hay razones suficientes para que su actuación quede completamente aclarada ante un tribunal competente?
Si las hay, que se investigue. Si no las hay, que se cierre esa puerta y que nadie vuelva a utilizarla políticamente.
Pero que se termine de una vez esta especie de limbo en el que Mazón dice que nadie le acusa, la jueza dice que no lo está investigando de forma prospectiva, el procedimiento sigue buscando responsabilidades y las víctimas continúan esperando respuestas.
¿Investigar o no investigar? El dilema de la justicia
Porque al final puede que la gran pregunta no sea si Mazón es culpable. Puede que sea mucho más sencilla y mucho más incómoda:
¿Por qué, casi dos años después, todavía no somos capaces de explicar con absoluta claridad quién tenía que hacer qué aquella tarde?
Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, pedir que se investigue no es perseguir a nadie. Es lo mínimo que se puede pedir. Pero hay otra pregunta que tampoco deberíamos dejar fuera. Una pregunta incómoda. De esas que enseguida provocan que alguien te coloque una etiqueta antes incluso de terminar de formularla.
¿Le interesa al PSOE que la situación judicial de Mazón siga abierta, que las protestas continúen y que la DANA siga ocupando el debate político valenciano?
Porque si la causa se mantiene viva, también se mantiene viva la responsabilidad política de Mazón. Y mientras Mazón siga siendo el rostro de la DANA, el foco sigue puesto en el expresidente de la Generalitat y en la gestión del Gobierno valenciano.
¿Es casualidad? ¿Es simplemente la consecuencia lógica de una tragedia que todavía no ha sido judicialmente aclarada? ¿O existe también un interés político en que esta historia no termine nunca de cerrarse?
Las víctimas tienen todo el derecho del mundo a protestar. A exigir respuestas. A pedir responsabilidades. A reclamar justicia. Y nadie debería intentar deslegitimar su dolor convirtiéndolo en una cuestión partidista. Pero tampoco sería honrado fingir que los partidos políticos no intentan sacar rendimiento de aquello que ocurrió.
Y aquí aparece Sánchez. Porque mientras el foco permanece sobre Mazón, sobre la Generalitat y sobre los errores cometidos durante aquella tarde, Pedro Sánchez queda en un segundo plano. Y eso también merece una pregunta.
¿Qué responsabilidad tuvo el Gobierno central? ¿Qué información recibió? ¿Cuándo la recibió? ¿Qué capacidad tenía para intervenir? ¿Qué hizo y cuándo lo hizo?
¿Por qué el Gobierno de España ha quedado políticamente mucho menos asociado a la tragedia que la Generalitat cuando la emergencia afectaba a competencias de unas administraciones y de otras?¿Por qué nadie habla de los muertos en las carreteras que son competencia del Estado?
No se trata de repartir culpas para que todos sean culpables. Se trata de no utilizar una tragedia para construir una única versión política de lo ocurrido. Porque si pedimos que se investigue a Mazón, habrá que aceptar exactamente lo mismo para Sánchez y para cualquiera que tuviera responsabilidades aquella tarde. La Justicia no puede funcionar según el color político del que esté sentado delante.
Y aquí llegamos a una paradoja que merece ser señalada. Si la jueza finalmente concluye que Mazón no tiene responsabilidad penal, el PSOE tendrá que aceptar el resultado.
Si, por el contrario, aparecen indicios suficientes para investigarlo, tendrá que ser la Justicia —y no el PSOE— quien determine hasta dónde llega su responsabilidad. Lo que no sería aceptable es que la política se adelante a los tribunales. Pero tampoco que la política pretenda impedir que los tribunales hagan su trabajo.
Y quizá por eso la pregunta que deberíamos hacernos no sea solamente si Mazón es culpable.
Hay otra:
¿A quién beneficia políticamente que la causa de la DANA siga abierta, que las protestas contra Mazón continúen y que la responsabilidad política siga concentrada sobre la Generalitat?
Porque en política, como en periodismo, también hay que mirar quién gana cuando una determinada historia ocupa permanentemente el primer plano.
Y mientras unos intentan cerrar la puerta judicial a Mazón y otros intentan mantenerla abierta, hay algo que no deberíamos olvidar:
Las víctimas no necesitan que la DANA sea utilizada contra Mazón ni contra Sánchez. Necesitan saber la verdad. Toda la verdad.
Aunque perjudique al PP.
Aunque perjudique al PSOE.
Aunque deje mal a la Generalitat.
Aunque deje mal al Gobierno de España.
Aunque los deje mal a todos
Y si alguien teme que investigar hasta el final pueda acabar perjudicando políticamente a los suyos, quizá el problema no esté en la investigación. Quizá esté precisamente en lo que pueda descubrirse.
