▪ Hasta 26 personas confeccionaban prendas en condiciones laborales irregulares, sin contrato ni alta en la Seguridad Social
▪ Realizaban largas jornadas de trabajo que en ocasiones superaban las 60 horas semanales, percibiendo por ello unos 1.000 euros mensuales
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un taller textil clandestino ubicado en una localidad de la comarca valenciana de Camp de Túria y han detenido a dos hombres, de 44 y 52 años, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. A uno de ellos se le imputan también los delitos de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar. Al parecer, hasta 26 personas se encontraban trabajando en su interior, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, estando 24 de ellas, además, en situación irregular en España.
La investigación policial, llevada a cabo por agentes de la Comisaría Local de Xirivella-Aldaia-Alaquàs, se inició a raíz de una inspección conjunta de Policía Nacional e Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizada en octubre de 2025 en un inmueble situado en un municipio de Camp de Túria, donde se sospechaba que podría estar desarrollándose una actividad textil irregular.
Dos personas vivían en el taller en condiciones insalubres
Durante la inspección, los agentes comprobaron que en el lugar se había instalado un taller de confección textil que operaba sin licencia de actividad, en cuyo interior trabajaban 26 personas confeccionando prendas para diversas empresas del sector, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, estando 24 de ellas en situación irregular en nuestro país. Asimismo, dos de los empleados irregulares vivían en una de las estancias del inmueble, en condiciones insalubres, siendo utilizados por el principal investigado para garantizar el funcionamiento del taller.
Los agentes averiguaron que los empleados irregulares realizaban largas jornadas laborales, que en ocasiones llegaban a superar las 60 horas semanales, percibiendo a cambio retribuciones de unos 1.000 euros mensuales, todo ello al margen de la normativa laboral vigente. Asimismo, durante la inspección localizaron una furgoneta utilizada para trasladar diariamente a los trabajadores desde el área metropolitana de Valencia hasta el taller, así como para el transporte de las prendas confeccionadas a las empresas que subcontrataban la producción textil.
Los investigadores pudieron determinar que la actividad del taller se realizaba a través de una empresa mercantil que emitía facturas a diversas empresas del sector, a fin de dotar de apariencia de legalidad a la actividad que desarrollaban. Además, detectaron la existencia de un entramado societario vinculado a la actividad delictiva, en el que una segunda empresa figuraba como sociedad matriz de la empresa que realmente explotaba el taller.
Los policías también constataron tras la inspección que algunos bienes vinculados a la actividad delictiva figuraban a nombre de personas del entorno familiar del principal investigado, con el objetivo de dificultar la identificación del verdadero titular. Asimismo, a partir del análisis de los movimientos bancarios, detectaron ingresos superiores a los 300.000 euros en apenas ocho meses de actividad procedentes de las empresas cliente.
Quebrantamiento de medida cautelar y nueva inspección
Tras realizarse la inspección, el taller quedó precintado, si bien los agentes detectaron indicios de que la actividad continuaba desarrollándose en el mismo lugar, por lo que tuvo lugar una nueva inspección en febrero de este año, en la que se constató que se había reanudado el funcionamiento del citado taller y que el principal investigado continuaba gestionando encargos de producción en el mismo.
Tras finalizar la investigación policial, los agentes detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en la gestión del entramado empresarial empleado para la explotación del taller textil, a los que se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. Al principal investigado se le considera también presunto autor de los delitos de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar, pasando este a disposición judicial, mientras que el otro arrestado fue puesto en libertad tras ser oído en declaración, una vez advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.