- El presidente del Gobierno reivindica la dimisión de Óscar Puente como ejemplo de ejemplaridad política y utiliza el accidente de Urda para cargar contra la oposición, mientras las explicaciones sobre la gestión ferroviaria siguen siendo una exigencia ciudadana
Valencia volvió a ser escenario de un mitin político de Pedro Sánchez. Pero la situación no era precisamente la de una campaña cualquiera. El presidente del Gobierno regresaba a los actos electorales después de una tragedia ferroviaria que ha dejado 69 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Un contexto que exigía algo más que un discurso de movilización partidista.
El acto comenzó con un minuto de silencio. Un gesto obligado de respeto hacia las víctimas y sus familias. Sin embargo, una vez superado ese momento, el presidente recuperó rápidamente el argumentario político y convirtió la tragedia en uno de los principales argumentos de su enfrentamiento con PP y Vox.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿era este el momento para buscar el cuerpo a cuerpo con la oposición o para ofrecer a los ciudadanos explicaciones detalladas sobre lo ocurrido, las posibles responsabilidades y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse?
Sánchez eligió buena parte del primer camino.
La dimisión de Puente, presentada como un ejercicio de ejemplaridad
Uno de los momentos centrales de su intervención fue la defensa de Óscar Puente, ya exministro de Transportes. Sánchez calificó su dimisión como un ejemplo de dignidad y ejemplaridad, y reprochó a PP y Vox que hubieran criticado primero que no abandonara el cargo y después también su renuncia.
Una argumentación que merece una reflexión. La dimisión de un ministro constituye una decisión política, pero no puede convertirse automáticamente en una explicación de lo sucedido ni en el punto final de las responsabilidades.
Abandonar un despacho no responde por sí solo a las preguntas sobre el funcionamiento de las infraestructuras, los sistemas de seguridad, las decisiones administrativas o los mecanismos de supervisión.
La ejemplaridad que reclama el presidente debería ir acompañada de una transparencia igualmente exigente. Los ciudadanos no necesitan únicamente conocer quién dimite, sino también qué ocurrió, por qué ocurrió y qué responsabilidades se derivan de ello.
Porque la responsabilidad política no puede reducirse a una escenificación de salida del Gobierno.
Ocho años de Gobierno y la obligación de rendir cuentas
Sánchez lleva ocho años al frente del Ejecutivo. Un periodo suficientemente amplio para que su Gobierno responda por su propia gestión sin convertir cada debate sobre los servicios públicos en una discusión sobre la herencia recibida.
Durante el mitin, el presidente volvió a recurrir a los recortes ferroviarios de la etapa de Mariano Rajoy y sostuvo que se habían necesitado quince años para revertir aquella situación.
Pero la pregunta es otra: ¿qué balance presenta el Gobierno de sus propias decisiones durante estos ocho años? ¿Qué inversiones se han ejecutado? ¿Qué actuaciones de mantenimiento se han realizado? ¿Qué advertencias se recibieron? ¿Qué controles funcionaron y cuáles deben revisarse?
Son preguntas legítimas que no pueden despacharse con referencias a gobiernos anteriores.
La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades a quienes gobiernan hoy, exactamente igual que las exigía a quienes gobernaban ayer.
Valencia no necesita otro mitin de reproches
El presidente eligió Valencia para reanudar su precampaña. Una ciudad que conoce demasiado bien las consecuencias de las tragedias y la importancia de que las administraciones respondan con eficacia y transparencia.
Sin embargo, buena parte del discurso se orientó hacia el enfrentamiento ideológico. Sánchez volvió a presentar las próximas elecciones como una disyuntiva entre reforzar los servicios públicos o aceptar los recortes que atribuye a PP y Vox.
También recurrió a referencias internacionales, como Brasil y Estados Unidos, para animar a sus seguidores a movilizarse electoralmente.
Todo ello forma parte de la libertad de expresión política de un presidente que también es líder de partido. Pero existe una diferencia entre hacer campaña y rendir cuentas desde la responsabilidad institucional.
Y esa diferencia resulta especialmente importante cuando se habla de una tragedia que ha costado la vida a 69 personas.
Las víctimas merecen algo más que minutos de silencio
El minuto de silencio fue necesario. El reconocimiento a las víctimas, también. Pero el respeto institucional no termina cuando se apagan los aplausos y comienza el discurso político.
Las familias necesitan respuestas. Los heridos necesitan atención. Los ciudadanos necesitan garantías sobre la seguridad de un servicio público esencial.
Y esas garantías no se construyen señalando permanentemente al adversario político, sino investigando, explicando, asumiendo responsabilidades y adoptando medidas verificables.
Pedro Sánchez tuvo en Valencia una oportunidad para situar las explicaciones y las soluciones en el centro de su intervención. Prefirió dedicar una parte sustancial de su mensaje a defender la actuación de su Gobierno y confrontar con la oposición.
La tragedia de Urda no debería convertirse en un capítulo más del argumentario electoral de ningún partido. Tampoco la dimisión de un ministro debería servir para dar por cerrado un debate que exige respuestas.
Porque, por encima de Sánchez, del PSOE, del PP y de Vox, están las víctimas y sus familias.
Y a ellas no les bastan los reproches entre políticos. Les deben la verdad, las explicaciones y las garantías de que se hará todo lo necesario para que algo así no vuelva a suceder.
