La Unió denuncia a Aldi y Lidl por vender naranjas valencianas a 95 céntimos

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PorRedacción

noviembre 18, 2026

La Unió Llauradora ha solicitado formalmente a la Agencia de Información y Control Alimentarios y a la Conselleria de Agricultura que abran una investigación sobre las promociones comerciales activas en las cadenas de distribución. La organización agraria reclama la retirada inmediata de las ventas de naranjas en Aldi y Lidl fijadas a 0,95 euros el kilo por considerar que distorsionan el valor real de los cítricos y ejercen una presión indebida sobre el sector primario.

Las ofertas señaladas corresponden a fruta de categoría I y origen nacional presentada en diferentes formatos. Aldi aplica una rebaja del 21% en bolsas de cuatro kilos de la variedad Navelina, mientras Lidl comercializa mallas de dos kilos con un descuento del 36%. En ambos casos el precio final coincide, lo que para la entidad profesional representa una práctica de reclamo que traslada al consumidor una percepción económica alejada de los gastos reales del cultivo.

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Revisión de contratos y cumplimiento de la cadena de valor

El sindicato agrario demanda una inspección exhaustiva de facturas, liquidaciones y contratos de compraventa para esclarecer quién asume finalmente las rebajas aplicadas en los lineales. La normativa vigente prohíbe repercutir el riesgo empresarial hacia los eslabones anteriores y obliga a que las retribuciones cubran los costes efectivos generados en las explotaciones.

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El secretario general de la entidad, Carles Peris, remarca que detrás de cada fruto existen meses de trabajo e inversiones que no pueden recortarse para cuadrar las promociones de los supermercados. Desde la organización insisten en que publicitar el origen nacional exige garantizar una retribución justa en origen, incluyendo también las ofertas articuladas mediante aplicaciones móviles o planes de fidelización.

Disparidad frente al encarecimiento del cultivo citrícola

Los datos técnicos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias reflejaban para el periodo 2019/2020 unos gastos de cultivo de 6.004 euros por hectárea sin recolección y de 8.935 euros al sumar la cosecha, cifras que no computaban conceptos como el arrendamiento de tierras o los seguros. Con la inflación acumulada, estos importes alcanzarían actualmente los 7.690 y 11.440 euros por hectárea respectivamente.

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A este desembolso inicial deben sumarse las partidas relativas a transporte, manipulación, mermas y envasado hasta llegar a las estanterías de las tiendas. Ante esta realidad, los agricultores reclaman a las administraciones autonómica y estatal que elaboren análisis periódicos sobre los gastos reales del campo y lleven a cabo controles de oficio sin esperar denuncias individuales, aplicando sanciones si se vulnera la legislación.

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