- La corporación provincial encarga un análisis pericial a la empresa responsable del software de corrección después de paralizar las calificaciones de una prueba celebrada el 1 de septiembre.
- Tres aspirantes habrían obtenido la máxima puntuación, mientras 139 participantes esperan una resolución que garantice la igualdad de oportunidades
La oposición convocada por la Diputación de Valencia para cubrir seis plazas de mecánico-conductor del parque móvil provincial continúa rodeada de interrogantes. Lo que debía ser un procedimiento ordinario de selección de personal público se ha convertido en un asunto que exige explicaciones después de que la institución provincial detectara posibles anomalías en los resultados del examen teórico celebrado el pasado 1 de septiembre.
La corporación que preside Vicent Mompó ha decidido encargar un informe técnico a la empresa responsable del software utilizado para corregir los ejercicios. El objetivo es determinar si pudo producirse alguna irregularidad o una eventual filtración previa de las preguntas entre determinados aspirantes.
La decisión llega después de más de dos meses de incertidumbre para los participantes, que todavía desconocen las calificaciones definitivas de la primera prueba. La Diputación optó por paralizar su publicación al considerar que existían indicios suficientes para revisar lo sucedido antes de continuar con el procedimiento.
La investigación resulta especialmente relevante porque está en juego la credibilidad de un proceso selectivo al que concurrieron 139 personas y que debe respetar escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.
Tres posibles dieces que hicieron saltar las alarmas
Uno de los elementos que rodean esta controversia es la aparición de resultados extraordinariamente elevados en el examen tipo test.
Según la información publicada por EL ESPAÑOL, tres aspirantes habrían conseguido la puntuación máxima de diez puntos en una prueba de 85 preguntas, sin cometer ningún error.
Este resultado habría despertado sospechas por la dificultad del cuestionario, que incluía un importante bloque de legislación general, con preguntas sobre la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legislación administrativa y la normativa de función pública, además de contenidos específicos de mecánica, conducción y seguridad vial.
La Diputación, sin embargo, ha negado que existieran tres calificaciones de diez puntos, aunque ha reconocido la existencia de indicadores que aconsejaban profundizar en el análisis de los resultados.
Esta discrepancia hace todavía más necesario que las conclusiones del informe sean claras, verificables y accesibles para las partes interesadas.
No se trata de cuestionar el mérito de quienes hayan obtenido una buena puntuación, sino de comprobar que todos los aspirantes realizaron la prueba en idénticas condiciones y que no existió ninguna ventaja indebida.
Un algoritmo analizará los patrones de respuestas
El informe pericial encargado por la Diputación pretende ir más allá de una simple revisión de las calificaciones.
El software utilizado para corregir los exámenes dispone de herramientas capaces de detectar comportamientos estadísticos anómalos, como coincidencias especialmente significativas entre respuestas, patrones inusuales de aciertos y errores o resultados cuya probabilidad estadística merezca una investigación adicional.
El análisis deberá permitir determinar si los resultados observados responden a circunstancias compatibles con una realización normal de la prueba o si existen elementos que justifiquen profundizar en una posible irregularidad.
La Diputación sostiene que los indicadores detectados se han trasladado a la empresa responsable del sistema para que elabore un informe técnico objetivo e independiente.
Una vez recibido el documento, la institución comunicará sus conclusiones a las personas afectadas y determinará cómo debe continuar el procedimiento.
El PSPV exige documentación y anuncia su traslado a Fiscalía
La controversia también ha adquirido una dimensión política dentro de la corporación provincial.
El grupo socialista, encabezado por Carlos Fernández Bielsa, solicitó acceso al expediente completo de la convocatoria y reclamó documentación sobre la elaboración del cuestionario, los criterios de corrección, la plantilla de respuestas y el procedimiento seguido para custodiar y trasladar los exámenes.
Entre las cuestiones planteadas figura conocer dónde, cuándo y cómo se realizaron las copias de los cuestionarios, quién tuvo acceso al material y qué garantías se establecieron para impedir que las preguntas pudieran conocerse antes de la celebración de la prueba.
El PSPV anunció además su intención de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la posible existencia de irregularidades.
La petición de explicaciones resulta especialmente relevante porque la transparencia de una oposición pública no depende únicamente de que se publiquen unas calificaciones, sino también de que todo el procedimiento pueda ser revisado y justificado documentalmente.
Por el momento, no existe una conclusión que permita afirmar que se produjo una filtración ni atribuir responsabilidades a ningún aspirante o integrante del tribunal.
Seis plazas y 139 aspirantes: la incertidumbre continúa
La dimensión del proceso explica la preocupación de quienes participaron en la convocatoria.
Para 139 personas, el resultado de esta oposición representa una oportunidad profesional y laboral. La prolongación de la incertidumbre afecta directamente a sus expectativas y obliga a la Administración a actuar con la máxima diligencia.
Según las informaciones publicadas, solamente 17 aspirantes habrían superado inicialmente el ejercicio, aunque este extremo no constituye todavía una calificación definitiva publicada por la institución.
También debe tenerse en cuenta el sistema de determinación de la nota mínima previsto en las bases de la convocatoria, que toma como referencia la mejor puntuación obtenida. La existencia de resultados excepcionalmente elevados puede influir en el umbral necesario para continuar en el proceso.
Por eso, el informe deberá analizar no solamente la posible existencia de patrones anómalos, sino también las consecuencias que estos puedan tener sobre la igualdad de oportunidades de todos los participantes.
El conflicto del parque móvil añade presión a la Diputación
La polémica de la oposición coincide con otro episodio que ha evidenciado las dificultades organizativas del servicio de conductores de la corporación provincial.
Durante la celebración del 9 d’Octubre, la Diputación recurrió a una empresa de trabajo temporal para cubrir los desplazamientos oficiales ante la negativa de los conductores funcionarios a prestar servicio durante la jornada festiva.
La decisión generó malestar entre la plantilla y abrió un debate sobre la cobertura jurídica de la contratación, la utilización de vehículos oficiales por personal externo y el coste de la operación.
Los trabajadores reclamaron conocer el expediente completo, incluidos los informes jurídicos, las condiciones económicas y la autorización para que los conductores externos utilizaran vehículos de titularidad pública.
Aunque ambos episodios responden a cuestiones diferentes, su coincidencia coloca la gestión del parque móvil provincial bajo una atención especial.
La Diputación debe resolver tanto las dudas sobre el proceso selectivo como las cuestiones laborales y administrativas que afectan al funcionamiento de este servicio.
Transparencia y garantías: la Diputación tiene que despejar las dudas
La oposición a mecánico-conductor se encuentra ahora pendiente de un informe que puede resultar determinante para su futuro.
Si el análisis descarta anomalías relevantes, la institución deberá explicar las conclusiones y reanudar el procedimiento con todas las garantías. Si, por el contrario, confirma indicios consistentes de irregularidades, tendrá que adoptar las medidas administrativas y jurídicas que correspondan, incluida, si procede, la repetición o anulación de la prueba.
Lo que no debería prolongarse es una situación de incertidumbre que afecta a más de un centenar de aspirantes.
El acceso al empleo público exige igualdad de condiciones y confianza en los procedimientos de selección. No basta con proclamar esos principios: hay que demostrar que se cumplen.
La Diputación de Valencia tiene ahora la responsabilidad de aclarar lo sucedido, ofrecer explicaciones documentadas y garantizar que ninguna persona obtenga una ventaja indebida.
Porque en una oposición pública no puede haber sombras sobre las reglas del juego. Y mucho menos cuando están en juego seis puestos de trabajo y el derecho de 139 aspirantes a competir en igualdad de condiciones.
