La estrategia de la defensa de Salomé Pradas ha dado un paso más allá de lo estrictamente jurídico para adentrarse de lleno en el terreno político y simbólico. La exconsellera de Interior, investigada por su gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales, no solo insiste en reclamar la transcripción literal de su declaración, sino que ahora señala directamente a la jueza instructora, a la que reprocha una supuesta “falta de imparcialidad”.
El recurso presentado contra la negativa a facilitar esas transcripciones —tanto de su declaración de hace un año como del careo mantenido en enero de 2026 con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón— no es un mero trámite procesal. Es, en esencia, un intento de reconfigurar el relato del procedimiento, trasladando el foco desde la gestión política de una tragedia hacia las garantías del propio proceso judicial.
En este contexto, la defensa de Pradas parece jugar una carta arriesgada: cuestionar abiertamente a la instructora en un caso de enorme sensibilidad pública. Porque, aunque el derecho a una defensa plena es incuestionable, introducir dudas sobre la imparcialidad judicial sin un respaldo sólido puede interpretarse también como una maniobra para erosionar el proceso y ganar terreno en la batalla de la opinión pública.
Todo ello ocurre en una causa que no admite distracciones: 230 víctimas mortales siguen siendo el núcleo irrebatible de una investigación que busca responsabilidades. Y es precisamente ahí donde el debate debería mantenerse. Sin embargo, con movimientos como este, el riesgo es evidente: que el ruido procesal acabe desplazando lo esencial, diluyendo la rendición de cuentas en una maraña de recursos, reproches y estrategias defensivas.
