El Tribunal de Instancia de Catarroja ha rechazado el recurso presentado por Coalició Compromís y una de las acusaciones particulares para que declararan como testigos dos exconsellers de la Generalitat en la causa que investiga presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia relacionados con la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Sección Civil y de Instrucción número 3, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto contra un auto del pasado 22 de abril de 2026, en el marco de las diligencias previas 692/2024. En la causa figuran como investigados Salomé P.T. y Emilio A.T.
La acusación solicitaba la declaración del entonces conseller de Educación y del entonces conseller de Agricultura, Aguas, Ganadería y Pesca para esclarecer qué se trató en la reunión del Consell celebrada el 29 de octubre de 2024 y cuál fue la actuación de la investigada Salomé P.T. durante la emergencia.
El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso y defendió que las declaraciones podían servir para determinar qué información tenían los investigados sobre la evolución de la DANA y qué instrucciones verbales se trasladaron a otros miembros del Gobierno valenciano.
Sin embargo, la jueza sostiene que la Ley del Gobierno Valenciano impide investigar las deliberaciones internas del Consell. En el auto recuerda que las sesiones del Ejecutivo autonómico tienen carácter reservado y que únicamente pueden hacerse públicos los acuerdos adoptados.
La resolución señala que no puede indagarse “sobre lo que se pueda haber deliberado, comentado o transmitido en el seno de la reunión del Consell” celebrada el 29 de octubre de 2024. También rechaza investigar conversaciones mantenidas antes o después de esa reunión entre la investigada y otros consellers, al considerar que solo tendrían relevancia penal si se hubieran traducido en órdenes, instrucciones o medidas concretas relacionadas con la gestión de la emergencia.
Según recoge el auto, las consellerias implicadas comunicaron que no se dictaron instrucciones específicas en ese sentido. La magistrada añade además que la entonces portavoz del Consell, Ruth M., ya puede aportar información sobre los acuerdos o conclusiones alcanzados tras la reunión.
La jueza concluye que las conversaciones entre la investigada y otros miembros del Gobierno valenciano “se revelan innecesarias” y no constituyen un medio adecuado para determinar qué conocimiento tenía Salomé P.T. sobre la evolución de la DANA.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.
En otra providencia dictada también este 12 de mayo, el juzgado acordó nuevas diligencias solicitadas por varias acusaciones populares y particulares. Entre ellas, requerimientos de información al Ayuntamiento de Utiel, a la Diputación de Valencia, a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, a la Policía Nacional de Torrent y a Cruz Roja para reconstruir la gestión institucional de la emergencia y la cronología de las primeras víctimas mortales.
La magistrada también ordenó solicitar informes a la Guardia Civil de Utiel, al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y al puesto de la Guardia Civil de Carlet-L’Alcúdia sobre el conocimiento de fallecimientos y desapariciones durante la jornada del 29 de octubre de 2024.