El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja ha rechazado la práctica de un careo entre la exconsellera Salomé P.T. y el técnico de Emergencias Jorge S.T. en el marco de la investigación por homicidio y lesiones por imprudencia derivada de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Sin embargo, el auto judicial, firmado por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, reconstruye con dureza las horas críticas en las que se decidió —o se retrasó— el envío de los mensajes de alerta masiva a la población.
La resolución, fechada el 7 de mayo de 2026, sostiene que existió una “absoluta indecisión” en el seno del CECOPI mientras la situación empeoraba rápidamente y las llamadas de emergencia se multiplicaban. El juzgado considera acreditado que la posibilidad de alertar a la ciudadanía “con cerca de tres horas de antelación” ya había sido planteada a las 17:45 horas por el entonces subdirector de Emergencias, Jorge S.T., mediante una propuesta de mensaje que recomendaba a la población acceder a zonas altas y permanecer atenta a nuevas instrucciones.
La jueza cuestiona la gestión del ES-Alert
El auto describe una sucesión de borradores y modificaciones de mensajes ES-Alert que, según la instructora, reflejan retrasos injustificados y discrepancias sobre el contenido de las advertencias. El primer mensaje general no fue enviado hasta las 20:11 horas y se limitó a recomendar evitar desplazamientos innecesarios en toda la provincia de Valencia. Un segundo aviso, remitido a las 20:57 horas a zonas concretas como l’Horta Sud y la Ribera, sí aconsejaba permanecer en casa y alejarse de barrancos y cauces.
La magistrada sostiene que no existían obstáculos técnicos para el envío inmediato de alertas. Según recoge el auto, el técnico responsable del sistema tardó apenas dos minutos y medio en validar el mensaje definitivo una vez recibió la autorización política. “Está claro que no concurría ningún impedimento en el envío del ES-Alert”, afirma la resolución.
La jueza también descarta que el aviso de las 20:11 horas estuviera motivado únicamente por el riesgo en la presa de Forata. A esa hora, señala, el CECOPI ya tenía conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo y de inundaciones graves en municipios como Paiporta, Picanya o Massanassa.
Dudas jurídicas y consultas externas
Uno de los aspectos más duros del auto se refiere a las dudas jurídicas que, según varios testimonios, habrían frenado el envío de mensajes más contundentes. Jorge S.T. declaró que la entonces responsable política temía que ordenar a la población permanecer en sus domicilios pudiera interpretarse como un “confinamiento” similar a los impuestos durante la pandemia.
La magistrada considera especialmente grave que esas “disquisiciones jurídicas sin asidero legal” retrasaran una alerta destinada a salvar vidas. El auto recoge que Salomé P.T. salió en varias ocasiones de la sala del CECOPI para realizar consultas telefónicas, aunque la Abogacía de la Generalitat afirmó posteriormente no haber recibido ninguna consulta directa de ella sobre la legalidad del mensaje.
La resolución también apunta a modificaciones lingüísticas del texto definitivo y a cambios de última hora en el redactado, sustituyendo expresiones como “suspender desplazamientos” por “evitar desplazamientos”.
“El mensaje llegó tarde”
La instructora concluye que el aviso enviado a las 20:11 horas fue “tardío” y demasiado genérico para transmitir el riesgo real que corría la población. Entre las 19:00 y las 20:11 horas, recuerda el auto, ya se habían producido numerosos fallecimientos o había personas atrapadas intentando sobrevivir a las inundaciones.
La jueza menciona expresamente el caso de un garaje en Paiporta donde varias personas presenciaron la muerte de un vecino mientras trataban de salvarse del agua. Según la resolución, algunos afectados llegaron incluso a despedirse de sus familiares convencidos de que no saldrían vivos.
El segundo mensaje, enviado casi una hora después, contenía instrucciones más claras, pero para entonces “ya era tarde” para numerosas localidades de l’Horta Sud y otros municipios afectados.
Rechazado el careo
Pese a las críticas vertidas en el auto, la magistrada rechaza la celebración del careo solicitado por varias acusaciones particulares entre Jorge S.T. y Salomé P.T. al considerar que esa diligencia tiene carácter excepcional y que las contradicciones ya han sido suficientemente exploradas mediante declaraciones y pruebas documentales.
La jueza recuerda además que la investigada puede solicitar declarar voluntariamente cuantas veces considere oportuno para rebatir las afirmaciones del técnico de Emergencias.
La causa continúa abierta en el Tribunal de Instancia de Catarroja bajo diligencias previas por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia relacionados con la gestión de la emergencia durante la dana que devastó buena parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024.