- El equipo de gobierno critica “el bloqueo absoluto e injustificado durante cuatro años y medio sobre una infraestructura imprescindible para la ciudad”
- El Pleno debate seis mociones de los grupos políticos sobre el Consorci València 2007, derechos sociales, medio ambiente, movilidad y seguridad
El Pleno del Ayuntamiento de València, a instancias del Grupo Popular, ha acordado instar al Gobierno de España a que desbloquee el expediente de la prolongación sur del túnel de la Serradora en la ciudad de València. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha defendido en el salón de plenos una moción urgente, “para poner fin a una situación de bloqueo absoluto e injustificado mantenida durante cuatro años y medio sobre una infraestructura imprescindible para la ciudad”. Los grupos de la oposición han rechazado la urgencia de la moción.
“Mientras el Ministerio de Transportes mantiene suspendido sin justificación material el expediente del túnel de Serrería desde el 30 de noviembre de 2021, ese mismo ministerio ha tramitado de manera lineal y ordenada, durante esos mismos años, una actuación equivalente para la ciudad de Bilbao: la integración urbana del ferrocarril en el barrio de Olabeaga”, ha denunciado Caballero. Entre toda la documentación relativa al túnel de la Serradora, la corporación ha acordado solicitar “la totalidad de los informes técnicos invocados por el Ministerio como fundamento del bloqueo del expediente, en particular el informe sobre la denominada ‘Alternativa 3’ anunciado por el Ministerio en junio de 2024 y los informes relativos a las alegadas afecciones al Corredor Mediterráneo”. “Queremos devolver a València su apertura al mar”, ha afirmado Giner.
La moción urgente del Grupo Popular ha salido adelante con los votos mayoritarios del equipo de gobierno, frente a la minoría de la oposición, que se ha abstenido.
Mociones de la oposición
Previamente, los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y Socialista, han elevado al Pleno de abril un total de seis mociones centradas en la exigencia de responsabilidades políticas, la mejora de la gestión municipal y la defensa de derechos sociales. Las iniciativas han abordado cuestiones como las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción en torno al Consorci València 2007, el apoyo al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, la situación de la Policía Local, la gestión medioambiental y el incremento del tráfico en la ciudad.
En el ámbito de la integridad institucional, la portavoz del Grupo Compromís, Papi Robles, ha impulsado una moción para promover una comisión de investigación municipal sobre “las presuntas irregularidades” en la gestión de la liquidación del Consorci València 2007 y en la provisión de puestos públicos en organismos dependientes del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de València (APV). La concejala ha acusado al equipo de gobierno actual de “privatizar la gestión pública de la Marina”. Robles ha reclamado esclarecer “la cadena de decisiones” relacionada con estos procesos, ha solicitado el acceso a toda la documentación vinculada a los hechos investigados y ha instado la dimisión del concejal José Marí Olano y de la presidenta de la APV, Mar Chao, a la que ha acusado de “tráfico de influencias”.
En esa misma línea, el Grupo Socialista ha centrado otra de sus mociones en exigir el cese inmediato de José Marí Olano, así como la publicación de todas las reuniones mantenidas con trabajadores o extrabajadores del Consorci y la colaboración municipal con la investigación en curso. Sanjuán ha reprochado al concejal Marí Olano que no interviniera en el hemiciclo para explicarse y ha acusado al equipo de gobierno de “confundir el interés general con el interés privado” y ha afirmado que “cada vez que gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento, entra la UCO”.
Juan Carlos Caballero, concejal portavoz del Grupo Popular, ha respondido que “esta moción no busca esclarecer nada, sino convertir el pleno en un tribunal” y ha afirmado que los hechos debatidos se remontan al mandato anterior. “Ustedes fueron los que prendieron fuego al Consorcio; ustedes son los últimos legitimados para decir a este gobierno cómo actuar”, ha añadido. Las dos mociones presentadas por la oposición han sido rechazadas por la mayoría de votos del equipo de gobierno.
Proceso de regularización extraordinaria
También a iniciativa de Borja Sanjuán, el Grupo Socialista ha llevado al Pleno una moción de apoyo al procedimiento de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. El concejal ha apostado por “reforzar los servicios de padrón y servicios sociales, recuperar la asistencia jurídica en el Centro de Atención a la Inmigración, combatir la desinformación y rechazar cualquier trato discriminatorio por razón de nacionalidad”. Sanjuán ha reclamado la necesidad de garantizar recursos públicos suficientes para acompañar un proceso que afecta a personas que ya residen en la ciudad y que necesitan documentación básica para ejercer sus derechos. Además, el regidor socialista ha acusado al portavoz del Grupo Vox de fomentar “el apartheid” bajo la excusa de la “prioridad nacional” y de “torpedear” el proceso de regularización extraordinaria.
El concejal José Gosálbez, portavoz del Grupo Vox, ha anunciado su voto en contra a la moción socialista “por responsabilidad política”, ya que, a su juicio, el procedimiento “ha generado sanidad saturada, la vivienda imposible, familias ahogadas, oficinas del padrón colapsadas, funcionarios desbordados y vecinos de València que no han podido ser atendidos”.
Lucía Beamud, concejala del Grupo Compromís, ha felicitado a las entidades sociales, “por sus muchos años de lucha” hasta lograr el proceso de regularización, “que ha dado seguridad y tranquilidad a muchos vecinos y vecinas que viven en València y no tienen por qué esconderse”. “Es un proceso imparable”, ha resaltado, antes de lamentar que el “refuerzo en los servicios sociales municipales llegará cuando se haya acabado el proceso”.
La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha afirmado en la sesión plenaria que el Ayuntamiento es “responsable, solidario y leal institucionalmente, pero la lealtad implica exigir explicaciones a un proceso que ha generado incertidumbre”. “El Gobierno no puede dejar solos a los ayuntamientos. Exigimos claridad, planificación y garantías”, ha añadido Torrado, antes de destacar la inversión “a costa del Ayuntamiento de dos millones de euros sólo para personal”. La concejala del equipo de gobierno ha adelantado el voto en contra del Grupo Popular a la moción socialista, que no ha salido adelante al contar con el rechazo del Grupo Vox.
Parques y Jardines
En materia medioambiental, Sergi Campillo, en nombre de Compromís, ha cuestionado la gestión del gobierno municipal en materia de parques, jardines, Devesa-Albufera y biodiversidad urbana. La coalición ha denunciado “la paralización de inversiones y proyectos ya aprobados”, y ha reclamado “un cambio de rumbo urgente”, con ejecución efectiva del presupuesto, refuerzo de personal y medios en el organismo autónomo de jardines y una planificación pública de las actuaciones pendientes. Además, Campillo ha reclamado que las políticas municipales en esta materia se basen “en la evidencia científica y en criterios técnicos”.
“Necesitamos volver a confiar en la ciencia y no poner en duda la evidencia científica frente a la ideología de la ultraderecha”, ha añadido el concejal de Compromís, antes de señalar a la alcaldesa, María José Català, “por delegar la mayor parte de las competencias municipales en medio ambiente en un partido que niega la evidencia científica y es un peligro para esta ciudad”. El Grupo Socialista, en la persona de la concejala Elisa Valía, se ha sumado a esta moción y ha defendido incluir “presupuesto suficiente y equivalente al que el gobierno municipal pretende destinar para la privatización del mantenimiento del Jardí del Túria”, para acometer los proyectos aprobados para 2026 y 2027.
La concejala delegada de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha defendido el incremento de personal y servicios en su área de competencias y ha criticado a los Grupos Compromís y Socialista por el “intento burdo de reescribir su gestión”. “Afirmar que degradamos la gestión para privatizarla es mentira. No hay parálisis medioambiental”, ha añadido Gil. José Gosálbez, concejal de Devesa-Albufera, por su parte, ha calificado la moción de la oposición de “catastrofista, alarmista y manipuladora, porque los hechos y la gestión demuestran que hay más inversión en Devesa-Albufera”. La moción de la oposición ha sido rechazada por los votos del equipo de gobierno.
Movilidad urbana
En el área de movilidad, el concejal Giuseppe Grezzi ha defendido otra iniciativa de Compromís sobre los “tres años de caos circulatorio” en la ciudad, en la que ha advertido del “incremento de un 47% del tráfico en la ciudad y de sus efectos sobre la calidad del aire y la vida cotidiana de la ciudadanía”. Ante esta situación, ha pedido revertir las medidas que, a su juicio, han favorecido un aumento del vehículo privado, retomar proyectos de renaturalización, realizar controles periódicos de la calidad del aire en entornos sensibles, reforzar la EMT y avanzar en alternativas de transporte público y aparcamiento para residentes.
El Grupo Socialista ha respaldado la moción con una adición: “solicitar las ampliaciones de los parques de la Rambleta y Benicalap, la ejecución del PAI de Benimaclet sin privatización del espacio verde público, y la tramitación del cambio de planeamiento para que el PAI del Grau sea un delta verde”. La concejala socialista Elisa Valía ha añadido que “todas las políticas municipales han servido para promover el uso del coche. En València entran más coches que nunca”. Previamente, un miembro de la asociación vecinal de la Roqueta ha tomado la palabra para alertar que “desde 2023, las medidas tomadas por el Ayuntamiento han intensificado el tráfico rodado en la ciudad; el tráfico ha aumentado un 6% según los datos municipales públicos”.
El Grupo Popular ha presentado una moción alternativa, que es la que ha sido finalmente ratificada por el Pleno, en la que se insta a la corporación “a continuar con la implementación del Plan Director y de Inversiones de la EMT, generar más plazas de aparcamiento, mejorar la seguridad vial, y trabajar con la Generalitat para impulsar las inversiones de Metrovalencia. El concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, ha exigido igualmente a Renfe y al Gobierno de España a que “mejore y amplíe el servicio de Cercanías, para así reducir el tránsito motorizado privado, además de prolongar el soterramiento del túnel de la Serradora”. “El Gobierno de España nos ningunea y el señor Puente nos puentea”, ha afirmado Carbonell en el Pleno, en relación a las críticas por la falta de inversión estatal en el servicio ferroviario de Cercanías.
Policía Local de València
Por último, el Grupo Socialista ha trasladado al Pleno su preocupación por “el deterioro organizativo y operativo de la Policía Local de València”. A través de una moción, el concejal Borja Santamaría ha alertado de la acumulación de jubilaciones, la prolongación de situaciones provisionales en la cadena de mando, el exceso de horas extraordinarias y la percepción vecinal de “falta de presencia policial en distintos barrios”. Como respuesta, ha propuesto “un plan de ordenación de recursos humanos, la cobertura de plazas pendientes, la reducción de la provisionalidad y la evolución hacia un modelo de policía de proximidad y preventiva”. Por su parte, el concejal Ferran Puchades, desde el Grupo Compromís, ha recordado que todas las nuevas plazas de agentes de la Policía Local proceden de convocatorias promovidas en el mandato anterior.
El Grupo Popular ha respondido con una moción alternativa, que es la que ha aprobado el Pleno municipal gracias a los votos del equipo de gobierno, por la que se insta a “seguir trabajando con la Generalitat para adecuar el Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, al pronunciamiento de la sentencia del TSJ 819/2024 y poder continuar la tramitación de los procedimientos selectivos de las distintas categorías de mandos de la Policía Local”. La moción, defendida por el concejal Jesús Carbonell, recoge “solicitar al Gobierno de España la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, así como continuar ofertando plazas de las distintas categorías y escalas de la Policía Local”.