La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por Acció Ecologista Agró contra el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Con esta sentencia, el Alto Tribunal valenciano avala una inversión que supera los 660 millones de euros y que había sido cuestionada por la organización ecologista.
Los magistrados han determinado que la declaración de impacto ambiental (DIA) formulada en julio de 2007 sigue vigente, al considerar que las obras de la primera fase aún no habían concluido y que la segunda fase forma parte de un mismo proyecto. Esta decisión es clave para el desarrollo de la infraestructura portuaria.
La DIA de 2007 se mantiene vigente sin necesidad de una nueva evaluación
La sentencia del TSJCV concluye que las modificaciones incorporadas en el proyecto de 2021, aunque de notable envergadura respecto al plan original, no constituyen un nuevo proyecto que requiriera una nueva declaración de impacto ambiental, ni siquiera simplificada. La Sala argumenta que estos cambios no conllevan “innovaciones que pudieran tener efectos adversos significados sobre el medio ambiente” en los términos previstos por la Ley de Evaluación Ambiental de 2013.
El Tribunal destaca que no se ha acreditado que las modificaciones introducidas en el proyecto de 2021 supongan un nuevo proyecto a efectos medioambientales. Esto implica que la evaluación ambiental original de 2007 es suficiente para cubrir la totalidad de la ampliación, incluyendo sus posteriores adaptaciones.
El informe pericial clave en la decisión judicial
Para llegar a esta conclusión, la sentencia analiza en detalle un informe pericial emitido por un ingeniero de caminos, canales y puertos designado por la propia Sala. Este experto compareció en una vista celebrada en septiembre del año pasado para aclarar su dictamen. A pesar de que el informe pericial inicial sugería la necesidad de una nueva DIA, los magistrados consideran que no profundizó lo suficiente en aspectos cruciales como el análisis de emisiones atmosféricas, el incremento en el uso de recursos naturales, los vertidos al litoral, la generación de residuos o una posible afección al Parque Natural de la Albufera.
Además, el TSJCV otorga mayor crédito a otro dictamen encargado por la Autoridad Portuaria en 2022 y a una nota técnica de 2021, que consideran “solvente” tanto por su metodología como por sus conclusiones. Estos documentos, junto con la interpretación de la ley, llevaron a la Sala a determinar que no era necesaria una nueva evaluación ambiental para la ampliación del Puerto de Valencia.
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