Hay momentos en la historia de un pueblo que no se olvidan porque cambian el rumbo de todo lo que viene después. No son simples episodios administrativos ni ajustes técnicos en una consejería: son decisiones que dejan huella, que alteran equilibrios delicados y que, con el paso del tiempo, acaban siendo recordadas como el punto exacto en el que comenzó una fractura. En el caso valenciano, una parte muy importante de la sociedad cultural y valencianista sitúa ese punto de ruptura en los años ochenta, cuando desde las instituciones autonómicas comenzó a imponerse una determinada orientación lingüística que muchos interpretaron como una sustitución progresiva de la tradición propia por un modelo ajeno.
En ese escenario, el nombre de Ciprià Císcar ocupa un lugar central. Y no porque sea simplemente un exconseller socialista, ni porque su trayectoria política pueda despacharse con una etiqueta de manual, sino porque simboliza para muchos valencianistas el momento en que la política dejó de limitarse a ordenar la vida pública y pasó a intervenir directamente en la conciencia cultural de un pueblo. Cuando eso ocurre, el conflicto deja de ser técnico. Se vuelve moral, identitario y profundamente político.
Císcar, nacido en Picanya y formado en Derecho en la Universidad de València, participó en los movimientos universitarios de los años sesenta y acabó integrándose en las estructuras del socialismo valenciano hasta alcanzar responsabilidades de enorme peso institucional. Hasta ahí, su biografía responde a la lógica de tantos dirigentes de la Transición. El problema, a ojos de sus críticos, no fue su ideología de origen, sino el rumbo que tomó desde la Conselleria de Cultura y Educación, donde muchos consideran que se consolidó una política de sustitución cultural cuidadosamente ejecutada desde el poder.
Porque conviene decirlo sin rodeos: para una parte significativa del valencianismo cultural, lo que ocurrió en aquellos años no fue una modernización educativa, ni una simple normalización lingüística, ni una evolución “natural” del sistema. Fue una operación de desalojo. Desalojo de una tradición propia, desalojo de unas instituciones históricas y desalojo de una forma de entender la lengua valenciana que había sobrevivido durante décadas gracias al esfuerzo de asociaciones, académicos, profesores y centros culturales como Lo Rat Penat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
Uno de los puntos más dolorosos de aquel proceso fue la retirada de la oficialidad a los títulos de lengua valenciana expedidos por Lo Rat Penat, reconocidos por el gobierno anterior. Para quienes defendían una normativa valenciana autónoma, aquella medida no fue una simple rectificación burocrática. Fue un mensaje político de enorme carga simbólica: el Estado autonómico comenzaba a decidir qué expresión de la lengua era válida y cuál debía quedar fuera. Y cuando una institución pública entra a dirimir eso, ya no está ordenando. Está tomando partido. Está imponiendo una visión del país, de la cultura y de la memoria.
La consecuencia fue inmediata y profunda. Profesores anteriormente seleccionados por la propia Conselleria fueron apartados. Muchos de ellos procedían precisamente del ámbito valencianista tradicional. Al mismo tiempo, la normativa inspirada en los criterios del Institut d’Estudis Catalans fue ganando espacio en el sistema educativo público hasta convertirse en referencia dominante. Para sus defensores, aquello era coherencia técnica y armonización académica. Para sus detractores, era otra cosa mucho más grave: una renuncia explícita a la singularidad lingüística valenciana y la apertura de la puerta a una catalanización progresiva del sistema.
El problema no era solo ortográfico. Eso sería reducirlo todo a una cuestión menor. El verdadero conflicto era cultural y político. Era la sensación, compartida por miles de valencianos, de que sus instituciones no estaban protegiendo una herencia propia, sino reconfigurándola desde fuera, con criterios que muchos identificaban claramente con la teoría de los llamados Països Catalans. Y esa sensación de sustitución, de desplazamiento y de desposesión cultural es una herida que todavía hoy sigue abierta.
La gran paradoja es que cuarenta años después seguimos discutiendo casi exactamente lo mismo. Seguimos con el mismo enfrentamiento sobre la lengua, sobre la normativa, sobre la identidad y sobre quién tiene legitimidad para definir lo que es valenciano. Eso debería avergonzar a más de uno, porque demuestra que una parte del problema nunca se resolvió: simplemente se institucionalizó. Se metió en las aulas, en los despachos, en los decretos y en la enseñanza pública, y desde entonces se ha presentado como normal lo que para muchos sigue siendo una imposición.
Hay algo especialmente grave en todo esto. Cuando una administración utiliza su poder para desplazar una tradición cultural en lugar de protegerla, no está administrando, está colonizando simbólicamente. Puede sonar duro, pero esa es la percepción de una parte muy amplia del valencianismo. No se trata de un capricho sentimental ni de una nostalgia romántica. Se trata de una convicción política: el pueblo valenciano tiene historia propia, instituciones propias, lengua propia y un legado cultural que no necesita ser reinterpretado desde ningún laboratorio ideológico exterior.
Por eso Ciprià Císcar no es recordado por todos de la misma manera. Para unos será siempre un dirigente socialista importante de la Transición. Para otros, en cambio, representa la figura de una etapa en la que la Generalitat comenzó a desarmar culturalmente al valencianismo tradicional mientras presentaba esa operación como una modernización inevitable. Y ahí está la clave: cuando una política se disfraza de progreso pero deja fuera a una parte sustancial de la memoria colectiva, deja de ser integración y pasa a ser imposición.
La gravedad del asunto no ha disminuido con el tiempo. Al contrario: el paso de los años ha demostrado que la fractura no era coyuntural, sino estructural. Si después de cuatro décadas seguimos discutiendo los mismos fundamentos, es porque la herida no fue bien cerrada o, peor aún, porque se prefirió abrir una narrativa oficial antes que construir un consenso real. Y cuando eso ocurre, la convivencia cultural queda dañada durante generaciones.
Quizá lo más triste es que todo esto se hiciera en nombre de una supuesta normalidad. Pero para muchos valencianos no hubo normalidad, sino desplazamiento. No hubo protección de la diversidad valenciana, sino reordenación ideológica. No hubo un simple ajuste educativo, sino una transformación profunda de lo que debía enseñarse, reconocerse y legitimarse en las aulas.
Y esa es la verdadera cuestión: quién decide la memoria de un pueblo. Porque si la política entra en las aulas para redefinir la identidad, el debate ya no es lingüístico. Es de poder. Y quien no quiera verlo así, probablemente prefiera seguir llamando consenso a lo que en realidad fue una sustitución.
Pedro Fuentes Caballero
Académico de la Real Academia de Cultura Valenciana correspondiente por Dénia
Presidente de la Asociación Cultural Roc Chabàs de Dénia
Moltes gracies Pedro Fuentes Caballero, pero estaría millor si lo escriu voste en nostra dolça llengua valenciana. Salutacions