El domingo 29 de marzo de 2026, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el dolor volvió a tomar forma de protesta. No fue una manifestación más: fue una concentración cargada de memoria, de indignación contenida y de una creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de esclarecer lo ocurrido durante la DANA del 29 de octubre de 2024.
Crónica de una mañana de denuncia
A las 12 del mediodía, familiares de víctimas, de las asociaciones silenciadas comenzaron a reunirse frente a la sede judicial. Entre ellos, destacaban plataformas como Unión del Pueblo 29 o Solo el Pueblo Salva al Pueblo, integradas por afectados directos de la catástrofe que dejó 230 fallecidos y cientos de miles de damnificados a los que nunca se les ha dado voz en los medios y casi en las instituciones, tan solo Les Corts hace apenas un mes.
El ambiente, lejos de lo meramente reivindicativo, tenía un tono solemne. Pancartas con lemas como “Verdad y justicia” o “Que caigan todos” marcaban el hilo conductor de la protesta: la exigencia de responsabilidades políticas y judiciales sin excepciones. 
El trasfondo: una herida judicial abierta
La concentración no surgía de la nada. Llegaba apenas días después de que el TSJCV rechazara investigar a la jueza por las grabaciones que demuestran que su marido interrogó ilegalmente a testigos, extremos que confirmaron dos de las víctimas asistentes a la concentración, una decisión que las asociaciones interpretan como un nuevo obstáculo en su lucha.
Para los convocantes, la instrucción judicial ha derivado en un proceso “politizado” que, según denunciaron, podría estar evitando depurar responsabilidades dentro de la administración central.
Ese malestar se tradujo en intervenciones públicas durante la concentración. Más de una decena de familiares tomaron la palabra para relatar pérdidas, retrasos en la gestión de la emergencia y la sensación de abandono institucional. No eran discursos técnicos, sino testimonios crudos, atravesados por la experiencia directa.
Voces que no se apagan
Uno de los elementos más significativos de la jornada fue el protagonismo de las víctimas. No delegaron el relato en portavoces políticos ni en intermediarios: hablaron ellas mismas. Esa decisión reforzó el carácter humano de la protesta y evidenció que, 17 meses después, el duelo sigue sin cerrarse.
Las asociaciones insistieron en que no buscan solo compensaciones económicas, sino algo más profundo:
• reconocimiento de errores
• asunción de responsabilidades de todas las administraciones
• garantías de que no volverá a ocurrir
Un patrón que se repite en todas sus movilizaciones desde 2024.
Una protesta que forma parte de algo mayor
La concentración ante el TSJCV se enmarca en un ciclo sostenido de movilización social en la Comunitat Valenciana. En los días previos, otras protestas y actos solidarios habían vuelto a situar la DANA en el centro del debate público, evidenciando que el conflicto está lejos de resolverse. 
Lejos de diluirse con el paso del tiempo, la presión social parece intensificarse a medida que avanzan (o se estancan) las vías judiciales.
Epílogo: justicia como horizonte
La imagen final de la concentración fue la de un silencio denso frente al edificio judicial. Un silencio que no implicaba resignación, sino advertencia.
Porque si algo quedó claro aquel domingo es que las asociaciones de víctimas que son silenciadas no contemplan cerrar esta etapa sin respuestas. Y que, mientras estas no lleguen, seguirán ocupando las calles —y las puertas de los tribunales— para recordarlo.