- El Pleno ha autorizado a la Abogacía General a solicitar también la suspensión cautelar de la aplicación de la norma estatal mientras se resuelven los recursos
- Barrachina advierte de que el real decreto en materia de inmigración afectará a servicios básicos como la sanidad o la educación si no conlleva financiación asociada
- El Consell también ha aprobado una declaración institucional en defensa de los agricultores valencianos afectados por la dana de 2024 y exige al Gobierno de España que si las parcelas pasan a dominio público hidráulico sean valoradas y adquiridas por la Administración General del Estado
El Consell ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a interponer acciones judiciales contra el Real Decreto 316/2026 del Gobierno de España en materia de inmigración, al considerar que su aplicación afecta de forma directa a la organización, la financiación y la prestación de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana.
Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras la reunión semanal del Pleno, quien ha advertido de que esta norma estatal «incide de forma inmediata en ámbitos clave como los servicios sociales, la sanidad, la educación, la vivienda o la protección de menores».
El Consell sostiene que el real decreto introduce cambios con efectos directos sobre la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas, sin una planificación previa ni una financiación asociada suficiente, lo que puede generar tensiones en la prestación de servicios públicos esenciales.
«La política migratoria no puede hacerse al margen de la realidad de los territorios. Debe ser ordenada, legal y ajustada a la capacidad de acogida, porque de lo contrario se traslada toda la presión a los servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas», ha señalado el portavoz.
En este sentido, Barrachina ha subrayado que el recurso no responde a una posición ideológica, sino a la necesidad de «garantizar una gestión eficaz y sostenible de los servicios públicos».
Por ello, el Consell ha habilitado a la Abogacía de la Generalitat a adoptar todas las medidas legales necesarias frente a este real decreto y solicitar, en su caso, la suspensión cautelar de su aplicación mientras se resuelven los recursos, con el objetivo de evitar efectos inmediatos que puedan comprometer la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
«El objetivo es proteger la calidad de los servicios públicos y garantizar que se pueda seguir atendiendo adecuadamente a todas las personas», ha señalado Barrachina.
Declaración en defensa de los agricultores afectados por la dana de 2024
El Consell ha aprobado también una declaración institucional en defensa de los agricultores valencianos afectados por la dana de octubre de 2024, que reafirma el compromiso del Gobierno valenciano con el sector primario y con la seguridad jurídica de quienes sufrieron daños de carácter estructural en explotaciones situadas en las proximidades de cauces y barrancos.
La declaración exige al Gobierno de España que, si se procede a una nueva delimitación del dominio público hidráulico, las parcelas agrícolas afectadas sean valoradas y adquiridas por la Administración General del Estado para su incorporación a ese dominio, tal y como ya solicitó formalmente mediante escrito dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado 23 de enero de 2025. Asimismo, reclama para el resto de parcelas dañadas el cumplimiento del compromiso de reposición al estado anterior a la dana, garantizando así la continuidad de la actividad agraria y la viabilidad económica de los agricultores afectados.
En la declaración, el Consell considera necesario que el Gobierno de España actúe «con diligencia administrativa, claridad normativa y coordinación interdepartamental, facilitando información accesible y suficiente a los afectados». La declaración será remitida al Gobierno de España, a Les Corts Valencianes, a las organizaciones profesionales agrarias y a los organismos de cuenca competentes.
Falta de respuesta del Miteco
Preguntado en rueda de prensa por el estado de la solicitud del Consell al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el portavoz ha recordado que la carta del 23 de enero de 2025 nace de un acuerdo adoptado en la Mesa por la Agricultura Valenciana celebrada ese mismo mes, dos meses después de la dana, con la participación directa de los agricultores afectados. «Hicimos una solicitud y no obtuvimos respuesta», ha afirmado.
Barrachina ha denunciado la falta sistemática de interlocución con el ministerio pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones reunirse con la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para abordar las inversiones hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana. Además, ha recordado que con la anterior titular del departamento, Teresa Ribera —hoy Comisaria Europea—, solo pudo mantener una breve conversación telefónica y ha criticado que esta no llegó a visitar en ningún momento la zona afectada. «Nunca, a pesar de ser la dueña de los cauces, vino a la Comunitat Valenciana», ha señalado.
El portavoz ha recordado que la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha solicitado al Gobierno central autorización para ejecutar 45 actuaciones en cauces, a petición de los municipios, que se pagarán con préstamos suscritos por la Generalitat y requieren el visto bueno estatal. «Para nosotros la coordinación es necesaria, porque el dominio público hidráulico es titularidad del Gobierno de España, pero la seguridad es de todos los valencianos».
Barrachina ha avanzado además que el Consell «no va a esperar más a que el Gobierno cumpla su compromiso de restituir las parcelas» y trabaja en una orden de ayudas para la replantación dirigida a los agricultores que han perdido sus cultivos. El conseller ha precisado que esta convocatoria se enmarca en un esfuerzo inversor de más de 100 millones con cargo a préstamos en el campo valenciano, de los cuales 26 millones se destinarán a la replantación y cubrirán el 100% del coste, en torno a 6.000 euros por hectárea, «para que donde había un naranjo vuelva a haber un naranjo».
El portavoz ha explicado que esta convocatoria «se había demorado porque su sentido original era aplicarse una vez el Gobierno de España restituyera las parcelas —tal y como se comprometió la primera semana de noviembre de 2024—, pero un porcentaje muy elevado de ellas sigue sin recuperarse».
Refuerzo del sistema sanitario para garantizar la actividad asistencial
En el ámbito sanitario, el Consell ha autorizado diversas contrataciones destinadas a reforzar el sistema público de salud y garantizar la actividad asistencial. Entre ellas, destaca el contrato de suministro de medicamentos de uso hospitalario por un valor estimado de 455,9 millones de euros, así como el contrato de servicios de limpieza y apoyo en centros sanitarios, con un valor estimado de 629,3 millones de euros.
Asimismo, se ha aprobado la contratación de reactivos y equipamiento para análisis clínicos en el Departamento de Salud València La Fe, con una inversión de 21,6 millones de euros.
Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Consell para consolidar el sistema sanitario público y garantizar su capacidad de respuesta.
Apoyo a familias acogedoras y a municipios de la Vega Baja
Durante el Pleno de este viernes también se ha aprobado la modificación del decreto que regula el acogimiento familiar para adaptar el sistema de protección a las nuevas realidades sociales y hacerlo más ágil y accesible para la ciudadanía, además de reforzar el apoyo económico a las familias y optimizar la gestión de los órganos de protección.
El nuevo marco normativo consolida un paradigma basado en el buen trato, el apego seguro y la permanencia como garantías fundamentales de los derechos de la infancia bajo tutela administrativa.
Una de las principales novedades es la regulación del denominado ‘ofrecimiento de continuidad’, una medida demandada por las familias acogedoras que protege los vínculos afectivos creados durante el acogimiento. Este mecanismo permite que, cuando sea necesario modificar la medida de protección, la familia de acogida sea valorada prioritariamente para que el menor de edad pueda permanecer con su familia acogedora si ello resulta lo más beneficioso para su bienestar, respondiendo a su interés superior.
Con esta modificación, el sistema pasa de un modelo rígido a uno flexible, en el que se reconoce el derecho del niño o niña a que su familia acogedora sea valorada de forma prioritaria, reforzando la estabilidad emocional y evitando rupturas innecesarias en su proceso vital.
Por último, el Consell ha aprobado ayudas por importe de 494.678 euros para municipios afectados por fenómenos meteorológicos adversos en la Vega Baja en septiembre de 2025, destinadas a financiar actuaciones de emergencia y restablecimiento de servicios públicos.
Las ayudas se destinarán a los municipios de Redován, Cox y Callosa de Segura que fueron los que mayores daños sufrieron como consecuencia del reventón térmico del pasado septiembre.