Rosa Álvarez, cada vez más nerviosa ante la pérdida de protagonismo, y una instrucción judicial que podría quedar en entredicho por audios que apuntarían a la intervención de su marido en interrogatorios.
La semana ha dejado dos hechos que están sacudiendo el relato político construido tras la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia.
Durante meses se ha intentado fijar un único culpable: Carlos Mazón, mientras se apartaba del foco al Gobierno de Pedro Sánchez, a sus ministros y a organismos clave como la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, los acontecimientos recientes están poniendo ese planteamiento bajo presión.
Por un lado, Rosa Álvarez, presidenta de una de las asociaciones de víctimas, reaccionó con dureza después de que Les Corts Valencianes escucharan a otras asociaciones que también exigen responsabilidades al Gobierno central. Estas asociaciones denuncian que fueron ignoradas desde el principio por no alinearse con el relato dominante.
No hay que olvidar que Rosa Álvarez ha sido militante socialista y que llegó a buscar avales para Pedro Sánchez. Además, es la única dirigente de asociaciones de víctimas que ha defendido públicamente eximir al presidente del Gobierno de responsabilidades políticas en este caso.
Lejos de aceptar la pluralidad de opiniones entre las propias víctimas, Álvarez atacó a quienes no comparten la tesis del culpable único. Mientras otras asociaciones señalan responsabilidades compartidas, su postura coincide con quienes excluyen al Gobierno central de cualquier investigación política o judicial.
Por otro lado, la causa judicial también entra en una fase delicada. Según diversas informaciones publicadas, existirían audios que cuestionan la afirmación de la jueza sobre la no participación de su marido en la instrucción. Si se confirmara, las consecuencias podrían ser graves: desde la nulidad de parte de los interrogatorios hasta, según algunas defensas, la posible invalidación de toda la instrucción.
Además, se ha publicado que la solicitud de imputación de Mazón trasladaría el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, elevando aún más la tensión política y judicial.
Lo que cada vez resulta más evidente es que las preguntas que no se quisieron plantear al inicio están reapareciendo. La negativa a investigar todas las posibles responsabilidades —también las del distintos niveles de la administración— sigue generando dudas y alimentando la sensación de que el relato inicial no era tan sólido como se pretendía.
El escenario cambia, las contradicciones aparecen y el debate sobre la gestión de la DANA está lejos de cerrarse. El relato único empieza a resquebrajarse.
Pepe Herrero.