El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha denegado la solicitud de declaración como testigos de dos exresponsables del Consell en el marco de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia relacionados con la DANA del 29 de octubre de 2024.
En un auto fechado el 22 de abril de 2026, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra rechaza la petición formulada por la representación de Coalició Compromís y de uno de los perjudicados, que solicitaban la comparecencia del entonces conseller de Educación y del titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca en aquella fecha.
La resolución judicial fundamenta su decisión en la falta de relevancia directa de estos testimonios respecto al objeto de la investigación. Según expone el auto, la clave del procedimiento radica en analizar la coordinación entre consellerias durante la gestión de la emergencia y, en particular, en determinar si existieron órdenes o comunicaciones claras ante el riesgo meteorológico.
En este sentido, el juzgado destaca que varios informes oficiales incorporados a la causa apuntan a la inexistencia de solicitudes de cooperación o de adopción de medidas de protección por parte de la Conselleria de Justicia e Interior —competente en materia de emergencias— hacia otros departamentos autonómicos. Tanto desde la Conselleria de Agricultura como desde la Secretaría Autonómica de Educación se ha certificado que no recibieron comunicaciones ni instrucciones relacionadas con la DANA.
La magistrada subraya que, conforme a un auto previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de marzo de 2026, la responsabilidad de la coordinación no recaía en la Presidencia de la Generalitat, sino en los directores del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana. Por ello, considera que los testimonios solicitados no aportarían información relevante sobre esos extremos.
Asimismo, el auto señala que los exconsellers propuestos no participaron en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), órgano clave en la gestión de emergencias, lo que refuerza la falta de pertinencia de su declaración.
La jueza apunta, en cambio, que el testimonio de quien fuera portavoz del Consell en esas fechas podría resultar más útil, en la medida en que permitiría esclarecer las conclusiones públicas adoptadas por el gobierno autonómico durante la crisis.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco días.
En paralelo, el juzgado ha ordenado notificar a las partes la transcripción de una testifical ya practicada y ha admitido la celebración de una comparecencia telemática de uno de los letrados implicados en el procedimiento, que continúa su curso.
La causa sigue investigando posibles responsabilidades penales derivadas de la gestión de la DANA de 2024, un episodio meteorológico extremo que había sido anunciado con antelación y que provocó graves consecuencias personales y materiales.