La Generalitat ha reforzado su compromiso con el sector de la pesca valenciana, elevando el presupuesto destinado a esta actividad hasta los 32,7 millones de euros para 2026, lo que representa un significativo aumento del 47% respecto al año anterior. Este impulso económico va acompañado de una defensa activa ante las instituciones europeas, buscando una regulación que se adapte a las particularidades de la pesca mediterránea, muy diferente de otras zonas del continente.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reiterado el apoyo del Consell durante la clausura de la jornada ‘Presente y futuro de la pesca valenciana’ en Peñíscola. La estrategia se centra en dos pilares: inyectar más recursos en la Comunitat Valenciana y abogar por una normativa europea que reconozca la realidad de su flota.
Inversión récord para la transformación y modernización
El incremento presupuestario se desglosa en varias partidas clave para el sector. Se destinarán 15,5 millones de euros a la transformación y comercialización, un 60% más que el año anterior, con el objetivo de mejorar la viabilidad de las empresas pesqueras y dar valor al pescado de las lonjas. Además, se asignan 8,7 millones para paradas biológicas y 5 millones para inversiones a través de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), con un aumento del 150% en esta última línea. A estas cifras se suman 1,25 millones de euros en ayudas directas a las cofradías de pescadores de las tres provincias.
Este esfuerzo económico busca no solo la modernización, sino también la sostenibilidad y la rentabilidad de una actividad fundamental para la economía local. Las ayudas beneficiarán a puertos como Vinaròs, Benicarló, Burriana, Castelló de la Plana y Peñíscola en la provincia de Castellón, entre otros.
Reivindicación ante Europa por una regulación justa
Barrachina ha subrayado la necesidad de una regulación europea que entienda la esencia de la pesca mediterránea, mayoritariamente artesanal y compuesta por pequeñas empresas familiares. En un encuentro en Bruselas con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, el conseller y otras comunidades autónomas mediterráneas españolas trasladaron sus reivindicaciones para evitar la aplicación de criterios pensados para el Atlántico o el Mar del Norte.
Entre las demandas principales destacan el reconocimiento jurídico de la flota costera-litoral, la simplificación de los controles administrativos y que cualquier decisión sobre restricciones de días de pesca o capturas incorpore un análisis exhaustivo de su impacto social y económico. También se ha planteado revisar el sistema de esfuerzo pesquero para evitar la doble limitación de jornadas y capturas, buscando así un equilibrio entre la conservación y la supervivencia de las empresas que viven del mar.
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